Junts rechaza la reducción de la jornada laboral sin incentivos ni enfoque en la productividad

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes, en segunda lectura, el proyecto de ley que contempla la reducción de la jornada laboral máxima legal a 37,5 horas semanales, entre otras disposiciones. Tras su aprobación, el texto será remitido al Congreso de los Diputados para comenzar su tramitación legislativa.

Junts, cuyo apoyo es determinante en múltiples votaciones, ya ha adelantado su oposición frontal al actual borrador para la reducción de la jornada laboral. Según fuentes de la formación, el proyecto es “inviable” en su forma actual, pues supondría un coste económico significativo para el tejido empresarial, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, así como trabajadores autónomos. El Ejecutivo cuenta únicamente con el respaldo de los sindicatos CCOO y UGT, mientras que las organizaciones empresariales, especialmente las catalanas, rechazan la propuesta de manera tajante.

Críticas a la reducción de jornada laboral por su impacto en empresas y trabajadores

Desde el partido liderado por Míriam Nogueras en Madrid, consideran que la medida propuesta para reducir la jornada laboral representa una carga excesiva para empresas, comercios y autónomos, al incrementar sus costes operativos, lo cual podría incluso terminar afectando negativamente a los empleados. Estas fuentes insisten en que cualquier reducción de la jornada laboral debería ir acompañada de incentivos concretos, mayor flexibilidad y un enfoque que considere la productividad y las particularidades de cada sector. “Los trabajadores aspiran a ganar más, no necesariamente a trabajar menos”, señalan.

Junts también subraya la importancia de centrar el debate en cómo aumentar la productividad, reducir el absentismo laboral y mejorar las condiciones del mercado de trabajo.

Por otro lado, el Gobierno de coalición, con la vicepresidenta Yolanda Díaz como principal promotora, plantea además una reforma del sistema de registro horario, que obligaría a digitalizar el control de la jornada laboral, algo que los independentistas consideran inviable para muchas pymes. Asimismo, el Ejecutivo busca reforzar el régimen sancionador relacionado con el derecho a la desconexión digital, endureciendo las multas en distintos ámbitos.

Junts mantiene su rechazo rotundo

Junts reafirma su postura de rechazo absoluto y considera que iniciativas como el control horario están alejadas de las verdaderas urgencias del ámbito laboral y empresarial. Asimismo, critican que la desconexión digital no representa un avance real, sino una forma de incrementar la vigilancia y el control gubernamental, cuando, a su juicio, las prioridades deberían ser otras.

Amplio rechazo empresarial

Desde que se presentó el proyecto de ley para reducir la jornada laboral semanal, tanto las grandes organizaciones empresariales como las asociaciones de pymes han intensificado su presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que retire la propuesta. Argumentan que cualquier cambio en este sentido debe adaptarse a las particularidades de cada sector mediante la negociación colectiva. También expresan su decepción por lo que consideran el fracaso del diálogo social a nivel estatal, promovido insistentemente por la vicepresidenta Yolanda Díaz.

La CEOE ha acusado al Gobierno de utilizar esta reforma con fines electoralistas, al aprobarla justo antes del Día del Trabajo. Otras entidades como Cecot, Foment del Treball, FemCat o Pimec –esta última en un acto de protesta en Madrid– han advertido de los serios efectos que podría tener la medida, destacando que provocaría un aumento de costes difícilmente asumible, sobre todo para las microempresas y los sectores más vulnerables.

En el tejido empresarial catalán se ha extendido desde hace tiempo una fuerte inquietud ante el rumbo de la política laboral impulsada por el Gobierno, al que acusan de estar influenciado por Sumar y sus aliados. Temen que muchas de estas decisiones terminen afectando negativamente a las clases medias.