La nueva Ley 2/2025 pone fin al despido automático por incapacidad permanente

El pasado miércoles, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Ley 2/2025, de 29 de abril, que introduce modificaciones importantes tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la Ley General de Seguridad Social. Uno de los cambios más destacados es la derogación del despido automático por razón de incapacidad permanente. Con esta reforma, se elimina una medida que históricamente había sido considerada una forma de discriminación para los trabajadores que padecen una discapacidad sobrevenida.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) celebró esta medida, destacando que con ella se pone fin a una injusticia que había afectado a muchas personas con discapacidad que, en el pasado, se veían obligadas a perder su empleo automáticamente cuando adquirían una incapacidad permanente.

La incapacidad permanente ya no extingue automáticamente el contrato de trabajo

Con la entrada en vigor de esta nueva ley, a partir del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, la aparición de una incapacidad permanente, ya sea en su grado total, absoluto o de gran invalidez, no dará lugar a la extinción de la relación laboral, como sucedía anteriormente. En su lugar, los trabajadores con incapacidad permanente tendrán la posibilidad de seguir desempeñando su actividad laboral.

Esta nueva normativa obliga a los empleadores a llevar a cabo los ajustes razonables necesarios en el puesto de trabajo o en el entorno laboral para adaptarlo a las nuevas necesidades del trabajador. En caso de que estos ajustes no sean viables, el empleador deberá ofrecer un puesto laboral alternativo que se ajuste a las condiciones del trabajador, siempre y cuando dicha adaptación no implique una carga excesiva para la empresa.

Reforma que protege laboralmente a personas con discapacidad

El Cermi explicó que la modificación de la regulación sobre el despido por incapacidad permanente se produce como resultado directo de la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que se llevó a cabo en febrero de 2024. Esta reforma elevó al más alto nivel legal el principio de no discriminación hacia las personas con discapacidad, abarcando todos los aspectos de la vida, incluyendo el ámbito laboral.

Con la reciente promulgación de esta nueva ley, se pone fin a un extenso proceso político y legislativo que comenzó a gestarse en el año 2024, como resultado de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Cermi. Esta modificación legal, que ha sido posible gracias a un largo proceso parlamentario, ha contado con un respaldo "abrumador" por parte de las diversas fuerzas políticas durante su discusión en las cámaras legislativas. En este contexto, la plataforma que representa a las personas con discapacidad en España resaltó que este amplio apoyo recibido por la ley en el ámbito parlamentario es una clara muestra de que la incapacidad permanente es un tema que logra generar consensos amplios en la sociedad, a pesar de la creciente polarización política que caracteriza el actual panorama nacional.