10/04/2021 - 12:00
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La Ley de Secretos Oficiales sigue siendo un freno para ejercer el derecho de acceso a la información. Periodistas, historiadores y cualquier persona que quiera conocer documentación oficial sobre la historia contemporánea española siguen encontrando un límite en esta norma franquista.
Después de más de medio siglo, el Gobierno ha iniciado la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y esta vez no puede fallar. Vamos tardísimo: la norma actual es del 68 y el decreto lo firma Carrero Blanco. Abrir los candados de la historia es abrir los candados de la democracia.
PP y PSOE llevan bloqueado desde hace más de cuatro años la reforma de la Ley franquista de Secretos Oficiales porque en la transición todo fue bonito y no hay nada que ocultar.
Ahora, los ministerios de Presidencia, Defensa, Exteriores e Interior elaboran un proyecto tras descartar la propuesta del PNV.
Ley de Secretos Oficiales: Esperemos que esta vez sí se apruebe
El Gobierno ha decidido poner en marcha su propia reforma de Ley de Secretos Oficiales, del periodo franquista, tras descartar la propuesta del PNV, que el PP y el PSOE han bloqueado en el Congreso de los Diputados desde noviembre de 2016.
Para elaborar el texto se ha formado una comisión dirigida por el Ministerio de Presidencia e integrada por Defensa, Interior y Exteriores. La idea del Ejecutivo es que no haya un límite general de tiempo para hacer públicos automáticamente los documentos (25 o diez años en la propuesta del PNV), sino plazos diferentes sujetos a cautelas según el grado de protección y el nivel de secreto.
A la quinta va la vencida. O así debería ser. Tras bloquear los sucesivos intentos de modificación de la norma promovidos por los nacionalistas vascos, el Gobierno se ha puesto finalmente a la tarea de redactar su propio proyecto de ley.
Aun así seguirá siendo clave dotar de personal, recursos y claridad normativa a los archivos.
Una norma preconstitucional en deuda con la transparencia
La falta de acceso a fuentes primarias también tiene consecuencias a la hora de conocer nuestra propia historia. Si no se tienen mecanismos de acceso a fuentes primarias nos tenemos que basar en archivos personales y fiarnos de lo que nos cuentan. Si tuviésemos la capacidad de acceder a archivos oficiales podríamos confirmar si es verdad aquello que nos han dicho.
La comisión tiene el encargo de redactar un texto que homologue a España con otras democracias occidentales y cumpla los parámetros fijados por las organizaciones internacionales de las que forma parte, especialmente la UE y la OTAN.
No hay fecha para la conclusión de sus trabajos pero el compromiso es que la nueva ley esté en vigor antes de que acabe la legislatura, en noviembre de 2023. Para hacerlo posible, el Gobierno debería remitir el texto a las Cortes a lo largo del próximo año, siempre que no se disuelvan anticipadamente y se frustre su aprobación, como ya ha ocurrido en el pasado.
La reforma de la Ley de Secretos Oficiales es una de las asignaturas pendientes de la democracia española
La norma vigente data de 1968, en pleno franquismo, con retoques de octubre de 1978, antes de aprobarse la Constitución. La ley está técnicamente obsoleta.
Actualmente, uno de los órganos habilitados para clasificar documentos, la Junta de Jefes de Estado Mayor, ni siquiera existe; y solo prevé dos categorías de clasificación (secreto y reservado), sin contemplar las más habituales (confidencial y difusión limitada), ni la de máxima protección (muy secreto).
El decreto que desarrolla la ley regula cuestiones tan anacrónicas como el cambio de combinación de las cerraduras de las cajas fuertes o la destrucción de las materias secretas “por medio del fuego o procedimientos químicos”.
Pero el mayor anacronismo de la ley radica en que no contempla un plazo de caducidad.
La decisión de elaborar un proyecto de ley de Secretos Oficiales supone que el Gobierno descarta definitivamente el texto presentado por el PNV. Desde su admisión a trámite, en enero de 2020, la proposición de ley del Grupo Vasco permanece encallada en la Mesa del Congreso, que ha prorrogado el plazo de presentación de enmiendas 24 veces.
Fuentes gubernamentales aseguran que el texto del PNV no es aceptable, ya que prevé la desclasificación automática de las materias secretas a los 25 años y de las reservadas a los diez, con la posibilidad de una prórroga “excepcional y motivada”, solo para las materias secretas, por otro plazo de diez años.
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