La violencia machista afecta especialmente a mujeres con discapacidad en España

Los datos presentados recientemente por el Ministerio de Igualdad han sacudido los cimientos de la conciencia social en España. La ‘Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer 2024’, expuesta a finales de 2025 por la ministra Ana Redondo, ofrece una radiografía exhaustiva y dolorosa sobre la magnitud de la violencia de género en el país. Con una muestra de 11.894 entrevistas (un 24,3 % más que en 2019), el informe evidencia que la violencia no es un hecho aislado, sino una estructura que afecta a millones de ciudadanas.

Uno de los puntos más alarmantes del estudio es la prevalencia de la violencia en el ámbito de la pareja. Según los datos recogidos entre septiembre de 2024 y abril de 2025, el 30,3 % de las mujeres mayores de 16 años residentes en España han sufrido algún tipo de violencia (sexual, física, económica o psicológica) por parte de su pareja o expareja. Esto se traduce en una cifra estremecedora: 6.445.301 mujeres han visto vulnerada su integridad por quienes debían ser sus compañeros de vida.

Un vínculo trágico: las mujeres con discapacidad como consecuencia del maltrato

El informe pone un foco especial en la interseccionalidad y en cómo el maltrato físico y psicológico puede derivar en secuelas permanentes. Los resultados indican que el 16,4 % de las mujeres con discapacidad en España (unas 204.771 personas) que sufrieron violencia física, sexual o emocional por parte de una pareja afirman que su condición es una consecuencia directa de la violencia ejercida sobre ellas. Este dato revela una cara invisible del machismo: la capacidad de generar lesiones crónicas y discapacitantes.

Impacto en el entorno y situación de las mujeres con discapacidad

La violencia no termina en la víctima directa, sino que se expande hacia los más vulnerables. Se estima que entre 208.861 y 458.134 menores de edad conviven en hogares donde la madre o figura femenina sufre violencia física o sexual. Además, el 40,7% de las víctimas del último año conviven con menores, lo que perpetúa un ciclo de trauma. En este entorno de alta vulnerabilidad, las mujeres con discapacidad enfrentan barreras añadidas para denunciar o escapar de sus agresores, lo que agrava su situación de riesgo.

La encuesta también destaca la cronicidad del abuso. El 76,9 % de quienes han sufrido violencia física o sexual asegura que los ataques se repitieron en el tiempo. De hecho, para el 39,2 % de estas víctimas, el calvario se prolongó durante más de cinco años, lo que demuestra las dificultades para romper el vínculo con el maltratador.

La violencia económica y el control financiero

Otro eje fundamental de la macroencuesta es la violencia económica, padecida por el 11,7 % de las encuestadas. Si se incluye el impago de pensiones alimenticias, la cifra asciende al 13,5 % (más de 2,8 millones de mujeres). El estudio subraya que el control del dinero es una herramienta de sumisión: aquellas mujeres cuya pareja toma todas las decisiones financieras tienen cinco veces más riesgo de sufrir violencia machista. Para las mujeres con discapacidad, que a menudo tienen una mayor dependencia económica o dificultades de acceso al mercado laboral, este control se vuelve una soga que impide su autonomía.

Violencia sexual fuera de la pareja y acoso

Más allá del hogar, el 14,5 % de las residentes en España han sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja. Las violaciones afectan al 3,1 % de la población femenina, y la mayoría son cometidas por hombres conocidos: un 23,1 % por familiares y un 62,7 % por amigos o conocidos. En este contexto, las mujeres con discapacidad vuelven a aparecer como un colectivo especialmente expuesto a abusos en entornos de confianza o cuidados.

Finalmente, el acoso sexual afecta al 36,2 % de las mujeres (7,7 millones), incluyendo el acoso infantil y el digital. Más de dos millones de mujeres han recibido mensajes sexualmente explícitos inapropiados. Es fundamental que las políticas públicas integren la perspectiva de las mujeres con discapacidad para garantizar que los recursos de protección sean accesibles y efectivos para todas, sin excepción.