31/10/2025 - 19:00
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El Tribunal Superior de Malawi emitió una sentencia histórica al reconocer que negar un aborto seguro a una niña víctima de violación constituye una violación de sus derechos fundamentales. Este fallo sienta un precedente clave para la protección de las supervivientes de violencia sexual y abre la puerta a reformas urgentes en las leyes de salud reproductiva del país.
Una sentencia que marca un precedente histórico en la violencia sexual en Malawi
El Tribunal Superior de Malawi ha emitido recientemente una sentencia que redefine los derechos de las supervivientes de violencia sexual en el país. El caso involucró a una niña de 14 años que quedó embarazada tras ser víctima de violación y se le negó inicialmente el acceso a un aborto seguro, lo que fue considerado una violación de sus derechos a la salud sexual y reproductiva según las secciones 19 y 20 de la Ley sobre Igualdad de Género.
La decisión del tribunal reconoce que negar servicios médicos esenciales a supervivientes constituye un incumplimiento de sus derechos fundamentales.
Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, afirmó que esta sentencia tiene un impacto significativo: protege los derechos constitucionales de quienes han sufrido violencia sexual y garantiza su acceso a servicios médicos seguros, evitando los riesgos asociados a abortos inseguros. Según Chagutah, obligar a una mujer o niña a continuar con un embarazo no deseado después de un acto de violencia es una infracción directa de sus derechos humanos y representa un grave daño a su salud física y emocional.
La necesidad de reformas legales
La sentencia también subraya la urgencia de reformar las leyes de aborto en Malawi. Actualmente, el aborto está ampliamente criminalizado, salvo en casos limitados en los que la vida de la madre corre peligro. Esta situación deja a las supervivientes de violencia sexual con opciones extremadamente limitadas y aumenta los riesgos de mortalidad materna.
Los expertos sostienen que una revisión de las directrices nacionales sobre atención posterior al aborto permitiría al país cumplir sus obligaciones internacionales y regionales en materia de derechos humanos.
Un marco legal más inclusivo y seguro sería un paso clave para proteger a las mujeres y niñas que han sufrido violencia, asegurando que tengan acceso a un aborto seguro y asequible, así como a servicios de salud sexual y reproductiva completos. Esta reforma es crucial para reducir la mortalidad materna, prevenir complicaciones graves y garantizar la dignidad de quienes han sido víctimas de violencia sexual.
Impacto y compensación
El caso específico que motivó esta sentencia fue presentado en nombre de la niña conocida como AC, quien fue violada y inicialmente se le negó la interrupción segura del embarazo en el Centro de Salud de Chileka. Tras una segunda evaluación médica, AC pudo acceder a un aborto seguro en el Hospital Central Queen Elizabeth.
La decisión del tribunal le otorgó una compensación de 50 millones de kuachas (aproximadamente 29.000 dólares estadounidenses) por la violación de sus derechos, su sufrimiento y la negación de servicios médicos esenciales.
Este fallo histórico envía un mensaje claro: los derechos de las supervivientes no son negociables y deben ser protegidos mediante políticas públicas y reformas legales efectivas. Además, destaca que el estigma social y las leyes restrictivas sobre el aborto contribuyen directamente a la vulnerabilidad y el sufrimiento de quienes han sido víctimas de violencia sexual, reforzando la necesidad de un cambio legislativo urgente.
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