Ribera reconoció que las “oportunidades de negocio, las oportunidades financieras, la inversión en nuestro terreno” es algo muy positivo. Pero concluyó que “la economía debería servirle a la gente y no al revés”.
El objetivo es diseñar políticas públicas interseccionales que combatan las formas complejas de discriminación a las que se ven sometidas y promuevan su participación e inclusión social.
La Junta de Castilla y León y Plena Inclusión han reforzado su colaboración para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante tecnología asistencial.
La ONU está elaborando una observación sobre el derecho de las personas con discapacidad a participar en la política, buscando que los países respeten estos derechos.