España apuesta por la IA para luchar contra la corrupción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, una iniciativa que no solo recoge medidas políticas, sino que plantea un cambio profundo en la manera de controlar la contratación pública en España. El proyecto busca aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial (IA) y el análisis masivo de datos para detectar irregularidades antes de que se conviertan en escándalos.

La corrupción sigue siendo uno de los males más persistentes del sistema político y económico español. Por eso, el Ejecutivo ha optado por una estrategia tecnológica que promete transformar los mecanismos de supervisión actuales.

Lucha contra la corrupción con una plataforma digital con IA para fiscalizar contratos

El plan contempla 15 medidas para prevenir y combatir la corrupción, pero la más ambiciosa es la modernización de la Plataforma de Contratación del Sector Público, que se convertirá en una herramienta avanzada basada en big data, automatización, código abierto e inteligencia artificial.

El objetivo es pasar del control manual y caso por caso a un sistema de vigilancia estructural y automatizada, capaz de auditar en tiempo real miles de contratos. La idea es construir una especie de sistema nervioso digital que analice patrones y relacione datos para detectar señales de alerta.

La innovación no se limita a digitalizar procesos ya existentes, sino a dotar a la plataforma de capacidades predictivas y analíticas que permitan descubrir anomalías sin intervención humana directa.

Cómo funcionará el sistema

La herramienta contra la corrupción se nutrirá de múltiples fuentes, entre ellas:

• Registros estatales y autonómicos de contratación
• Declaraciones de conflictos de interés
• Bases de datos de lobbies y grupos de presión
• Historial de sanciones administrativas
• Otros sistemas relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas

Toda esta información será procesada mediante algoritmos de machine learning, análisis estadístico e inteligencia artificial para identificar patrones sospechosos. Por ejemplo, el sistema podría advertir si una misma empresa obtiene contratos con condiciones atípicas en distintos municipios o si existen adjudicaciones reiteradas sin competencia real.

Modelos internacionales como referencia

El documento del Gobierno cita experiencias exitosas en la lucha contra la corrupción en otros países. Ucrania, por ejemplo, cuenta con Prozorro, una plataforma de código abierto que ha logrado ahorrar millones en licitaciones. En Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados utiliza algoritmos para detectar colusión entre empresas. La OCDE, por su parte, colabora con Bélgica en sistemas predictivos para evaluar riesgos en contratación pública.

España pretende ir más allá al incluir alertas tempranas, auditoría ciudadana y participación social, permitiendo que ONG, asociaciones e incluso ciudadanos puedan analizar contratos desde la propia plataforma.

Desafíos: privacidad y garantías

El plan deberá superar un obstáculo clave: proteger la privacidad. El cruce de bases de datos exige adaptar leyes como la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Transparencia y la normativa de protección de datos.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) permite este tratamiento bajo el principio de interés público, pero el Gobierno promete aplicar medidas como anonimización, minimización, control de acceso y evaluaciones de impacto, bajo la supervisión de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Además, la plataforma será de código abierto para permitir auditorías externas y evitar sesgos en los algoritmos. Se creará también una Agencia Independiente de Integridad Pública que supervisará el sistema.

¿Puede la IA acabar con la corrupción?

Pensar que la tecnología eliminará por completo la corrupción sería ingenuo. Sin embargo, esta estrategia puede reducir el margen para las irregularidades, mejorar la vigilancia y dar a la ciudadanía herramientas para fiscalizar la gestión pública.

El éxito dependerá de la correcta implementación. Si funciona, marcará un antes y un después en transparencia institucional; si fracasa, se quedará en un simple portal con datos sin uso.