La propuesta de ERC, Junts, PDeCAT y la CUP planteaba condonar determinados actos relacionados con el procés desde 2013, mientras que la actual del PSOE se retrotrae a 2012.
Con la Ley de amnistía sobre la mesa de las negociaciones de investidura, decenas de jueces que tienen abiertas causas por el procés, ven cómo sus procedimientos se pueden quedar en agua de borrajas, incluso después de haberlos juzgado.
Los principales beneficiados con la reforma de malversación serán los implicados en el procés. Las penas de los independentistas podrían verse reducidas considerablemente, lo que les abre la puerta a participar en el ciclo electoral que comienza el próximo año.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha insistido en que España ha violado los derechos de los líderes independentistas al suspender sus funciones antes de ser condenados por el famoso "procés".