El Tribunal Constitucional decidirá en septiembre sobre los recursos de Puigdemont, Comín y Puig por la amnistía

Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) abrirá el debate sobre los recursos de amparo presentados por Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig, todos ellos exmiembros del Govern catalán y protagonistas del procés independentista de 2017. Los tres políticos buscan que se aplique la ley de amnistía aprobada en junio de 2024, lo que supondría la retirada inmediata de las órdenes de detención que pesan sobre ellos en España.

Según informó el propio TC, la sesión no se centrará en resolver el fondo del asunto de manera definitiva, sino en analizar dos cuestiones clave: la admisión a trámite de los recursos y las medidas cautelarísimas solicitadas por los recurrentes. Se trata de un trámite procesal que, no obstante, tiene gran relevancia política y jurídica, ya que afecta directamente a la posibilidad de que Puigdemont y sus exconsellers puedan regresar a territorio español sin riesgo de ser arrestados.

¿Qué está en juego?

Las defensas argumentan que existe una “resistencia judicial” a aplicar la amnistía, dado que el Tribunal Supremo ha interpretado que el delito de malversación, imputado a los tres dirigentes por su papel en el referéndum del 1 de octubre de 2017, queda fuera del ámbito de la norma. El Supremo sostiene que la propia ley establece excepciones para delitos especialmente graves, y que la malversación, en la forma en que se habría cometido, entra en esas exclusiones.

Frente a esta posición, Puigdemont, Comín y Puig han decidido acudir al Constitucional solicitando, además, que se suspendan de inmediato las órdenes de detención dictadas contra ellos. Sin esta medida, cualquier entrada en España supondría su arresto inmediato, una situación que los mantiene desde hace años fuera del país.

Medidas cautelarísimas y plazos para la amnistía

Como actuación urgente, Carles Puigdemont ha reclamado que se adopte una medida cautelarísima para suspender la orden emitida por el juez del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa. La intención es que dicha suspensión se mantenga al menos hasta que el TC decida sobre el recurso principal.

Cada recurso de la amnistía cuenta con un ponente distinto dentro del Pleno:

• El de Puigdemont, asignado a la magistrada Laura Díez.
• El de Lluís Puig, al magistrado César Tolosa.
• El de Antoni Comín, al magistrado Enrique Arnaldo.

Pese a la urgencia solicitada, el Tribunal ya ha adelantado que la resolución definitiva no llegará antes de septiembre, coincidiendo con el primer Pleno tras la pausa estival. Esto significa que, al menos durante todo el verano, seguirá vigente la situación actual: los tres ex altos cargos permanecen bajo orden de detención en España.

Una ley aprobada y una cuestión pendiente

La ley orgánica de amnistía, aprobada el pasado mes de junio, establece que deben suspenderse inmediatamente las medidas cautelares y las órdenes de búsqueda en vigor. Sin embargo, introduce excepciones que afectan a delitos de terrorismo, traición y malversación en determinadas circunstancias, como las que aprecia el Supremo en el caso del procés.

El Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma, desestimando el recurso presentado por el Partido Popular, que la consideraba contraria a la Carta Magna. Pero el debate actual no gira en torno a la validez de la ley, sino a su alcance real: ¿debe aplicarse también a los condenados o procesados por malversación en el marco del desafío independentista?

Un fallo que marcará la pauta

La decisión que adopte el Pleno en septiembre será determinante, no solo para Puigdemont, Comín y Puig, sino también para otros dirigentes vinculados al procés que han recurrido a la amnistía como vía para cerrar sus causas judiciales. Si el Constitucional respalda la interpretación del Supremo, el delito de malversación quedará fuera del paraguas de la ley y se mantendrán las órdenes de detención. Si, por el contrario, avala la tesis de las defensas, se abriría la puerta al retorno del expresident y de sus exconsellers a España sin riesgo penal.

Por ahora, la incógnita sigue abierta y la respuesta se conocerá tras el verano, prolongando un debate jurídico y político que, lejos de cerrarse con la aprobación de la amnistía, se mantiene en el centro de la agenda nacional.