Intercids propone prohibir las granjas de pulpos en España antes de su implantación

La organización Intercids, compuesta por operadores jurídicos especializados en la protección de los animales, ha dado un paso decisivo al presentar la primera iniciativa formal para modificar la Ley de Cultivos Marinos con el objetivo de prohibir las granjas de pulpos. Esta propuesta llega en un contexto en el que ni siquiera se ha iniciado aún esta actividad en España, pero cuya posibilidad ha generado una ola de rechazo desde múltiples sectores sociales, científicos y ambientales.

El detonante fue el anuncio realizado en 2021 por la empresa Nueva Pescanova, que expresó su intención de instalar la primera de las granjas de pulpos del mundo en territorio español. Desde entonces, ha crecido una oposición constante por parte de la ciudadanía, que exige a las instituciones actuar para evitar una práctica considerada tanto cruel como insostenible.

Especie con inteligencia excepcional: problemas de las granjas de pulpos

Intercids fundamenta su propuesta de prohibir las granjas de pulpos en una extensa base científica. Los pulpos no son animales ordinarios: poseen una sofisticada capacidad cognitiva, muestran comportamientos curiosos, pueden usar herramientas, resolver problemas complejos y anticiparse a situaciones. Esta inteligencia se combina con la capacidad de sentir dolor físico y emocional, recordar sufrimientos pasados y desarrollar miedo, según múltiples estudios.

Por eso, para la ONG, cualquier intento de domesticación o confinamiento supone una forma de violencia estructural. Los pulpos son animales solitarios y salvajes, para quienes el encierro en espacios reducidos resulta incompatible con sus necesidades naturales. Se ha documentado incluso que pueden llegar a mutilarse o agredirse entre ellos cuando se encuentran bajo condiciones de estrés y hacinamiento.

Un modelo de acuicultura insostenible

Más allá del sufrimiento animal, Intercids también señala el impacto medioambiental que tendría esta industria. Las granjas de pulpos podrían liberar residuos y aguas contaminadas al mar, alterar el ecosistema acuático, y utilizar sustancias químicas peligrosas que afecten no solo a la biodiversidad marina, sino también a la salud humana. A esto se suman otros efectos como las emisiones de CO2, la contaminación lumínica y los malos olores.

La entidad subraya que, al tratarse de una especie carnívora, los pulpos necesitan ser alimentados con grandes cantidades de proteínas animales, lo que aumentaría la presión sobre otras poblaciones marinas, especialmente peces y crustáceos. En resumen, se trataría de una actividad ineficiente y con una huella ecológica significativa.

Cambios legislativos urgentes

Para frenar la amenaza de las granjas de pulpos antes de que se materialice, Intercids propone modificar la Ley 23/1984 de Cultivos Marinos, con el objetivo de prohibir de forma expresa la acuicultura de pulpos para fines productivos o de consumo. Además, sugiere vetar la comercialización de pulpos criados en estas instalaciones. La propuesta ha sido entregada a la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Derechos de los Animales (Apdda), con la intención de iniciar su tramitación legislativa.

La organización respalda su planteamiento en competencias estatales sobre protección ambiental y ordenación económica, dejando margen para que las comunidades autónomas mantengan su autoridad sobre aspectos más específicos de la acuicultura.

Una cuestión de responsabilidad pública

Intercids apela al principio de precaución, ampliamente reconocido en el derecho ambiental: cuando una actividad implica riesgos serios o irreversibles y carece de regulación clara, debe prevenirse. Dado que las granjas o la cría intensiva no se ha implementado aún y sus efectos negativos están bien documentados, la ONG considera que el momento adecuado para su prohibición es ahora.

“Estamos ante una oportunidad única de actuar antes de que el daño sea irreversible. No se trata de limitar una actividad económica ya existente, sino de evitar su implantación precisamente porque se sabe que traerá consecuencias dañinas. Prohibirla desde un principio es un ejercicio de responsabilidad pública”, concluye la entidad al respecto de las granjas de pulpos.