Se ha adoptado un nuevo Real Decreto-Ley para que el Gobierno pueda cesar páginas webs que afecten a la seguridad

Con carácter excepcional y transitorio, el Gobierno podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado la gestión directa o la intervención de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

Esta medida se tomará si alguna página web afectan al orden público, a la seguridad pública y a la seguridad nacional. Así queda señalado en el Real Decreto-ley 14/2019 del 31 de octubre, que entró en vigor este pasado miércoles.

Se han adoptado estas medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.

Sí tu página web puede ser un peligro para el orden y la seguridad pública, será cerrada y eliminada, así lo indica el nuevo Real Decreto

"Los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación", argumenta el Gobierno en las disposiciones generales.

Esto viene dado por lo acontecido en Cataluña. Además el Real Decreto modifica varias leyes, entre ellas la General de Telecomunicaciones del 2014.

Ahora se añade una nueva redacción del apartado y se habla de gestión directa o de intervención en los supuestos que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y nacional. 

Esta decisión se podrá adoptar por propia iniciativa del Gobierno o a instancias de una administración pública competente.

En este último caso será preciso que esta administración, por ejemplo, tenga competencias en materia de seguridad.

Las nuevas medidas

En cuanto el proceso sancionador, el Real Decreto-ley da una nueva redacción a uno de sus apartados dice que:

"previamente al inicio del procedimiento sancionador, podrá ordenarse por el órgano competente del Ministerio de Economía y Empresa, mediante resolución sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia basada en alguno de los siguientes supuestos".

Introduce, entre ellos, el de la amenaza inmediata y grave para el orden público, seguridad pública o nacional o cuando exista una amenaza inmediata y grave para la salud pública.

De esta forma, las Administraciones Públicas tendrán que comunicar al Ministerio de Economía y Empresa todo proyecto de instalación o explotación de redes de comunicaciones electrónicas en régimen de autoprestación que haga uso del dominio público

Así se realice de manera directa, a través de cualquier entidad o sociedad dependiente de ella.

La identificación electrónica y las bases de datos, todo dentro de la UE

En base a la identificación electrónica y la ubicación de determinadas bases de datos, el nuevo Real Decreto-Ley dice que deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la UE.

Estos son:

• Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento
• El procesamiento y gestión del censo electoral
• Los padrones municipales de habitantes y otros registros de población,
• Los datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud
• Los correspondientes tratamientos de datos personales

Los datos a que se refiere el apartado anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por España.

Las entidades públicas tienen un plazo máximo de seis meses a partir de este miércoles para cumplir con esta obligación.