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El Congreso de los Diputados se dispone a aprobar una importante reforma legislativa que impactará directamente en la protección de las víctimas de accidentes de tráfico. La Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, con competencia legislativa plena, dará luz verde al proyecto de Ley que actualiza el régimen legal de indemnizaciones del seguro derivado de accidentes de vehículos a motor. Esta reforma responde a la obligación de trasponer una directiva europea, un proceso que España ha acometido con más de dos años de retraso respecto al calendario comunitario.
El nuevo marco legal amplía la definición de vehículos obligados a contar con seguro de responsabilidad civil, incluyendo por primera vez a vehículos agrícolas, industriales y de movilidad personal como los patinetes eléctricos. Además, se establece la creación de un registro público para estos vehículos ligeros antes de 2026, lo que permitirá un mayor control y protección de las víctimas.
Mejoras en la valoración y pago de indemnizaciones del seguro
Uno de los puntos clave de la reforma es la actualización del sistema de valoración de indemnizaciones por daños personales. El llamado “baremo” se ha revisado para incrementar las cuantías y agilizar los procedimientos de valoración y pago, con especial atención a las grandes víctimas de accidentes de tráfico. Este proceso ha contado con el consenso de asociaciones de víctimas, aseguradoras y expertos, y busca situar a la víctima en una posición lo más parecida posible a la que tendría de no haberse producido el accidente.
Entre las novedades, se sistematizan y dotan de entidad propia las indemnizaciones por daño patrimonial, diferenciando claramente entre daño emergente y lucro cesante, y se amplían los conceptos resarcitorios para incluir nuevos perjudicados que antes no estaban contemplados. También se refuerza la protección en caso de insolvencia de la aseguradora, garantizando el pago de las indemnizaciones a través del Consorcio de Compensación de Seguros.
Fin de la discriminación para personas con discapacidad
La reforma aprovecha la ocasión para corregir una discriminación histórica presente en la Ley de Contrato del Seguro de 1980. Hasta ahora, las personas incapacitadas judicialmente, según el derecho civil anterior a 2021, no podían ser aseguradas mediante un seguro de vida, lo que suponía una exclusión por razón de discapacidad.
A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, esta prohibición desaparece, permitiendo el acceso de las personas con discapacidad al seguro de vida en igualdad de condiciones. Solo se exigirá autorización del representante legal en los casos en que exista una medida de apoyo de carácter representativo.
Esta modificación ha sido impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que llevaba años reclamando el fin de esta restricción. Según destaca el CERMI, la reforma supone un avance hacia una legislación de seguros más inclusiva, que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y elimina barreras históricas que debilitaban su acceso a prestaciones y beneficios.
Próximos pasos legislativos
Una vez aprobada en el Congreso, la reforma pasará al Senado para culminar su tramitación parlamentaria. Se espera que la nueva ley entre en vigor en los próximos meses, consolidando un marco legal más justo, actualizado y adaptado a la realidad social y tecnológica actual, y dando respuesta tanto a las exigencias europeas como a las demandas de los colectivos más vulnerables, que tienen el mismo derecho a acceder al seguro y a recurrir a él en caso de emergencia.
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