Salud Mental denuncia ataques a las personas con trastornos mentales durante la pandemia

Salud Mental España ha denunciado el acoso a las personas que están sufriendo trastornos mentales durante la pandemia. La asociación ha asegurado que no se garantiza el derecho a la movilidad. Además, los usuarios quedan “completamente desatendidos por los servicios de salud”.

El Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental 2020 recoge por sexto año consecutivo las demandas registradas por el Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación Salud Mental España.

¿Qué datos ha desgranado el Informe de Salud Mental de 2020?

El informe de Salud Mental España ha destacado que en 2020 se atendieron 128 demandas, un 68 %, efectuadas por mujeres, y un 32 %, por hombres. Las cifras y los ámbitos coinciden con la demanda de los años anteriores. El Servicio de Asesoría Jurídica ha recibido denuncias de situaciones en las que, durante el confinamiento estricto, cuando se permitía la movilidad solo a personas con discapacidad, en el caso de las personas con un problema de salud mental que salieron a la calle, este derecho no se garantizó en igualdad de condiciones con las demás, conforme a lo dispuesto en la legislación y se vieron “expuestas a conductas violentas o a la mofa”. Además, el informe de Salud Mental España desgrana que muchas personas no tenían reconocido el grado de discapacidad durante la pandemia de Covid – 19 y otras se encontraban fuera del sistema sociosanitario, por lo que no disponían de documentación acreditativa ni medios de obtenerla en situación de emergencia.

La asesora de la Confederación Salud Mental España, Irene Muñoz Escandell, ha declarado que las personas con problemas de salud mental fueron ignoradas durante las fases más críticas de la pandemia. “La información no llegaba y si lo hacía era de forma muy confusa. Por ello, desde la confederación se impulsó la elaboración de una serie de documentos, utilizando un lenguaje sencillo y directo, en los que se trató de despejar las dudas más recurrentes en relación con lo que se podía o no hacer. El objetivo era hacer accesible la información a las personas con problemas de salud mental”.

Salud Mental elaboró una Guía de recomendaciones por la emergencia de Covid - 19

Salud Mental España elaboró una Guía de recomendaciones para la Intervención con personas con problemas de salud mental ante la situación de emergencia ocasionada por el Covid – 19. El informe ha dejado claro que bastantes personas estuvieron desamparadas porque no contaron con ayuda para solventar los problemas de salud mental.

Durante la pandemia se constató, por un lado, una falta de recursos de atención a estas personas, y por otro, en el caso de los recursos dispuestos, la escasez de equipamiento adecuado y las dificultades de acceso a ellos para estas personas.

La violencia machista es otro de los agravantes del confinamiento

Aparte de los problemas de salud mental que han arrastrado algunas personas durante la parte más dura del Covid – 19. La violencia machista se ha agravado durante el confinamiento y el maltrato ha sido agravado entre mujeres que padecían problemas de salud mental.

Tres de cada cuatro mujeres con problemas de salud mental han sufrido violencia en el ámbito familiar y/o en pareja y que el 42 % de las mujeres de este colectivo no reconoce estas violencias como tales. La Red también denunció las carencias existentes, de nuevo empeoradas por la pandemia, en cuanto a recursos de atención, no solo de mujeres afectadas por la violencia machista, sino también a madres y cuidadoras, un rol muchas veces coincidente.

¿Qué tipo de consultas se han realizado por sexos?

La mayor parte de las consultas que han realizado las mujeres han sido referidas a temas de Administración Pública (Sanitarias o sociales) con el 26,5 %, seguido de asuntos penales (14,9 %), laborales (9,2 %), civiles (5,7 %) y, por último, en materia de vulneración de derechos fuera de nuestras fronteras (2,3 %).

Tres de cada diez consultas que han realizado los hombres eran sobre la vulneración de derechos humanos. Esto está seguido por las consultas a la Administración Pública, asuntos laborales (7,3 %) y vulneración de derechos fuera de España (2,4 %).