Larga lucha contra la violencia de género en España

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07/05/2021 - 09:00
Protesta contra la sentencia de La Manada, caso recogido en el informe del Consejo de Europa. GETTY IMAGES

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En España la violencia de género sigue siendo una de las principales preocupaciones de derechos humanos. Se han dado pasos legislativos importantes para su erradicación, reconocidos como positivos, pero aún insuficientes en su implementación y desarrollo.

Según los datos oficiales, un total de 19 provincias, a las que hay que sumar las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han registrado en los últimos diez años una reducción del número de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad dedicados a la lucha contra la violencia de género.

Alicante es la provincia más afectada por este recorte, al perder a 26 agentes en la última década. De los 121 que luchaban contra esta lacra en 2011, a fecha 31 de enero de 2021, quedan 95. Le sigue Murcia, que pasa de los 91 de hace diez años, a los 71 actuales; y Valladolid, que reduce su plantilla contra la violencia de género en 19 personas: de 36 a 17 agentes.

También contabilizan una reducción en este sentido provincias como Sevilla (-14), Zaragoza (-14), Granada (-13), Huelva (-9), Almería (-7), Ceuta (-6), Cantabria (-4), Albacete (-4), Melilla (-3), Toledo (-2), Ourense (-2), Navarra (-2), Soria (-2), La Rioja (-2), Jaén (-1), Huesca (-1), Baleares (-1) y A Coruña (-1).

La lucha contra la violencia de género continúa

La crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 ha abocado a escenarios hasta el momento nunca pensados. El protagonismo del espacio doméstico, de las TICs y del ámbito virtual, tanto como la retracción de actividades no consideradas esenciales, inspecciones de trabajo o actividades de las organizaciones no gubernamentales, han agravado la situación de las mujeres que viven bajo formas de violencia de género.

El aislamiento y la soledad de las víctimas se han acentuado inevitablemente durante la pandemia. La violencia de género es, sin embargo, un problema social, que debe ser respondido y visibilizado como tal.

Hay que seguir luchando por la igualdad y la justicia de género entre todas. Contra la soledad de las víctimas, apoyo social, colectividad y responsabilidad general.

España tiene una “agenda sólida” en materia de protección de las mujeres de sus parejas o exparejas violentas

Pero los sistemas para implementar los dispositivos de ayuda varían demasiado entre las autonomías, tanto para atajar esta violencia como la sexual y de otro tipo que sufren las mujeres, lo que hace que “no estén garantizados en todas partes”, advierte en su primer informe sobre el país el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica del Consejo de Europa (Grevio).

Las diferencias —y carencias— autonómicas quedan especialmente en evidencia en otros tipos de violencia machista más allá de la que sucede en el seno de la pareja, en los que España todavía tiene que trabajar más, consideran los responsables de supervisar el cumplimiento del Convenio de Estambul, el acuerdo sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica del Consejo de Europa, que España ratificó hace ya seis años, en 2014. 

En este sentido, subrayan, aún hay mucho por mejorar ante delitos como las violaciones grupales o los matrimonios forzados, la mutilación genital, la esterilización forzada o la atención de demandantes de asilo por violencia sexual, aspectos recogidos en la futura ley de garantía integral de la libertad sexual, que está ahora mismo en tramitación.

Muy pocas comunidades autónomas ofrecen servicios especializados para víctimas de asalto sexual y violación

Aún menos, si es que siquiera existen, son los servicios de apoyo especializados para mujeres en riesgo de un matrimonio forzado, de mutilación genital, acoso, esterilización forzada y aborto, explica el estudio, elaborado a partir de un informe estatal enviado por las autoridades españolas, así como con información adicional recogida por varias ONG y una visita de seis días al país.

A pesar de estos datos, la cifra de agentes dedicados a la lucha contra esta lacra en España ha aumentado en esta última década, de los 2.100 agentes que se contabilizaban en 2011, hasta los 2.141 que hay en la actualidad, según los datos del Ejecutivo.

Esto se debe al crecimiento que sí han experimentado otras provincias, como Málaga, que ha pasado de 83 a 111; Valencia, de 129 a 147; o Cádiz, que ha pasado de los 105 agentes, hace 10 años, a 124 ahora.

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