El Ministerio de Sanidad podría sancionar a comunidades que dificulten el aborto

El Ministerio de Sanidad informó el pasado jueves que numerosas mujeres continúan enfrentándose a obstáculos de tipo geográfico, administrativo y organizativo que complican el acceso al aborto y a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema público de salud. Ante esta situación, anunció la elaboración de un informe que evaluará la situación actual y que podría derivar en sanciones para aquellas comunidades autónomas que no aseguren este derecho.

El documento analizará el cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, basándose en los datos proporcionados por las comunidades autónomas, y verificará si los servicios de aborto y de IVE se están ofreciendo de manera efectiva en los centros públicos, según detalló el Ministerio en un comunicado oficial.

Según los resultados obtenidos, el Ministerio de Sanidad podría comenzar acciones legales contra las comunidades autónomas que no estén garantizando un acceso efectivo, equitativo y en igualdad de condiciones al aborto y a la IVE dentro del sistema público de salud.

Garantizar el derecho del aborto

En caso de detectar incumplimientos, y dependiendo de su gravedad, la Alta Inspección del Estado emitiría requerimientos formales a las administraciones autonómicas involucradas, solicitando información detallada sobre las medidas que están implementando o planean implementar para asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente.

Si las respuestas recibidas no son satisfactorias, el Ministerio de Sanidad tomará las medidas legales necesarias, dentro del marco legal vigente, para asegurar que se respete el derecho al aborto y a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad en todo el país.

Protección de los derechos fundamentales

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha enviado una carta a las comunidades autónomas en la que enfatiza la importancia de garantizar un acceso efectivo, justo y equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) dentro del sistema público de salud. Además, advierte que se evaluará la posibilidad de iniciar acciones legales contra aquellas administraciones autonómicas que incumplan la legislación vigente sobre el aborto.

En la comunicación dirigida a los responsables del área, Padilla recuerda que la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, sobre salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo, junto con el Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, que la desarrolla, tienen como propósito “proteger los derechos fundamentales en materia de salud sexual y reproductiva, regular las condiciones para la IVE y establecer las responsabilidades de los poderes públicos para garantizar a la ciudadanía el mayor nivel posible de salud y educación sexual y reproductiva.”

Persistencia de obstáculos

El secretario de Estado reconoce que, a pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de esta normativa, “muchas mujeres continúan enfrentando barreras —ya sean geográficas, administrativas o de organización— que dificultan el acceso al aborto y a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud.”

“Esta acción se enmarca dentro de la obligación del Estado de velar por el cumplimiento de la ley y la igualdad en el acceso a los servicios del Sistema Nacional de Salud”, afirmó el Ministerio de Sanidad en un comunicado oficial.