15/08/2025 - 08:30
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el proyecto de ley que reformará la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Sistema de Dependencia, así como la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. El texto incluye importantes novedades, como el reconocimiento explícito de la compatibilidad entre el empleo y las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
La iniciativa, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, será remitida ahora al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria. El ministro Pablo Bustinduy ha señalado que se trata de “un paso decisivo para construir un sistema de dependencia, cuidados público y de calidad”, destacando que la reforma contribuirá a garantizar “el derecho al bienestar, la vida independiente y la autonomía personal” de las personas con discapacidad o en situación de dependencia.
Reforma del sistema de dependencia
Entre los cambios más significativos que contempla el proyecto de ley está la eliminación del régimen de incompatibilidades en las prestaciones del SAAD. De este modo, ya no será necesario elegir entre diferentes tipos de apoyo, como el servicio de atención domiciliaria o la asistencia a un centro de día. También se eliminará el plazo de dos años que hasta ahora se aplicaba para el cobro de prestaciones económicas destinadas al cuidado en el entorno familiar.
Otro aspecto central de la reforma es la obligatoriedad de garantizar la accesibilidad universal en el patrimonio histórico y cultural. Además, la accesibilidad pasa a ser reconocida como un derecho subjetivo, exigible ante cualquier instancia administrativa o judicial.
Facilitar el acceso al empleo
La norma dejará expresamente establecida la posibilidad de compaginar un empleo con las prestaciones y servicios del sistema de dependencia, una medida calificada por el ministerio como “clave” para avanzar en la autonomía de las personas con discapacidad. Actualmente, muchas personas usuarias del SAAD se ven forzadas a renunciar a apoyos esenciales si acceden a un empleo, lo que supone un freno importante a su inclusión laboral y social.
Según el ministerio, la reforma pondrá fin a situaciones como la pérdida de plazas en centros ocupacionales tras aceptar un contrato o unas prácticas, plazas que luego son difíciles de recuperar. Con la nueva ley, se garantizará que las personas puedan mantener su plaza mientras valoran la viabilidad de su incorporación al mundo laboral, lo que facilitará una transición segura sin tener que renunciar a los recursos que favorecen su autonomía.
La iniciativa representa un avance significativo hacia un modelo más inclusivo, flexible y centrado en los derechos de las personas con discapacidad.
Accesibilidad
El proyecto de ley aprobado hoy desarrolla normativamente el nuevo artículo 49 de la Constitución, y modifica la Ley de Discapacidad para reforzar derechos fundamentales como el de la accesibilidad universal.
La norma pone especial atención en las mujeres con discapacidad, destacando la importancia de proteger su salud sexual y reproductiva. También contempla a la infancia con discapacidad, apostando por el impulso del desarrollo temprano mediante servicios de atención especializada, en el marco del sistema de dependencia.
En esta línea, la nueva ley reconoce la accesibilidad universal como un derecho exigible ante cualquier institución, lo que permitirá reclamar su cumplimiento en edificios o servicios de titularidad pública. Para ello, se pondrá en marcha un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, que financiará actuaciones necesarias como la instalación de rampas, sistemas de audiodescripción con códigos QR, entre otras.
El texto incluye también una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones a ofrecer subvenciones destinadas a mejorar la accesibilidad en viviendas colectivas. Además, se exigirá a las comunidades de propietarios que soliciten dichas ayudas cuando un residente lo requiera.
Otra medida destacada es la reducción del porcentaje que debe financiar la comunidad: del 75 % al 70 %, facilitando así el acceso a las ayudas.
Como novedad, se introduce la obligación de hacer accesible el patrimonio histórico y cultural, tanto física como cognitivamente, mediante herramientas como la lectura fácil, el uso de pictogramas y tecnologías de apoyo.
Esta apuesta por la accesibilidad se extiende también a los servicios públicos, como es el caso de las Juntas Arbitrales de Consumo, que deberán asegurar procedimientos adaptados para garantizar el acceso a todas las personas.
Fin de los recortes
El ministro Bustinduy señaló que esta ley ampliará los servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia o con discapacidad. Además, revertirá dos recortes clave aplicados en la década pasada.
Primero, se eliminarán las incompatibilidades entre prestaciones por dependencia establecidas en 2012, que aún estaban vigentes a nivel estatal. También se suprimirá el plazo máximo de dos años para cobrar las ayudas económicas destinadas al cuidado en el entorno familiar.
Se incorporan nuevos apoyos al catálogo del SAAD, como modelos de convivencia compartida y servicios para viviendas colaborativas. También se prevé el préstamo o cesión temporal de productos de apoyo como sillas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz, con el objetivo de fomentar la autonomía personal.
Además, se amplía la prestación por cuidados familiares hasta el último día del mes en que fallezca la persona dependiente, evitando así que los cuidadores tengan que devolver cantidades ya recibidas, en un gesto de respeto hacia su labor.
Cuidados en el hogar
El nuevo marco legal permitirá que personas cercanas, aunque no tengan parentesco (como amigos o vecinos), puedan recibir la ayuda económica por cuidados en el entorno familiar.
También se prevé que quienes tengan un grado II o III de dependencia puedan acceder a servicios o prestaciones temporales mientras esperan una plaza en el recurso solicitado. Por ejemplo, si una persona solicita ingresar en una residencia cercana pero no hay disponibilidad, podrá recibir una alternativa provisional acorde a su situación (como la ayuda a domicilio), evitando así el traslado a centros alejados que dificulten sus vínculos sociales.
Esta reforma amplía además el alcance del servicio de ayuda a domicilio, permitiendo que las personas cuidadoras acompañen al usuario a actividades comunitarias como ir al médico o hacer la compra.
Se reconoce también como servicio del sistema la figura de la asistencia personal, y se establece la teleasistencia como un derecho universal, garantizando su acceso sin importar el lugar de residencia. La teleasistencia, además, no podrá ser considerada como única ayuda, sino que deberá combinarse con otros apoyos. También podrán beneficiarse de este servicio quienes vivan en residencias.
Centros de día
Otra novedad es el reconocimiento de los centros de día como servicios clave de proximidad, lo que permitirá que ofrezcan apoyos fuera de sus instalaciones, llegando directamente a los hogares de los usuarios cercanos.
Incluso personas que no estén inscritas como usuarias podrán encontrar en estos centros otros servicios de referencia.
Además, se garantiza el derecho a recibir atención sanitaria sin importar el lugar de residencia de la persona dependiente, incluyendo las residencias, promoviendo la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios autonómicos, en el marco del sistema de dependencia.
Menos trámites
La reforma también busca reducir la burocracia. Por ejemplo, las personas que obtengan un grado I de dependencia serán reconocidas automáticamente con un 33 % de discapacidad. Quienes reciban grado II o III tendrán una vía rápida para ser reconocidas con un 65 % de discapacidad, aunque también podrán solicitar una evaluación individualizada para que se valore un grado superior si lo desean.
Salud mental
La ley establece un nuevo enfoque en la atención a personas con problemas de salud mental, basado en su autonomía, voluntad y participación. Toda intervención deberá contar con el consentimiento informado de la persona y priorizar apoyos que le ayuden a tomar decisiones, en lugar de imponer medidas.
Se prohíben expresamente las prácticas coercitivas o involuntarias sin justificación, incluidos los internamientos forzosos por motivo de discapacidad, y se refuerzan las garantías legales.
También se endurece el marco legal contra espectáculos que ridiculicen a personas con discapacidad, considerándolos infracciones muy graves, que podrán ser sancionadas con multas de hasta un millón de euros. Además, se reconoce el papel del sistema de dependencia como instrumento clave para la autonomía personal y la inclusión social.
Finalmente, se destaca la importancia de una Inteligencia Artificial libre de sesgos, y se incluye a las personas con discapacidad como grupo prioritario en el sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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