17/05/2025 - 08:30
Lectura fácil
Desde el inicio del conflicto en Sudán en abril de 2023, la violencia sexual ha sido utilizada de forma sistemática como una herramienta de guerra. Numerosos informes de organismos internacionales, incluyendo Naciones Unidas y ONG sobre el terreno, confirman que mujeres y niñas están siendo objeto de violaciones, abusos y secuestros con el objetivo de aterrorizar, someter y desintegrar comunidades enteras.
Esta situación no es nueva en contextos de guerra, pero la escala y brutalidad de los casos registrados en Sudán ha generado una alarma internacional sin precedentes. Las mujeres, especialmente aquellas que se ven forzadas a huir de sus hogares, se enfrentan a un doble riesgo: el del conflicto y el de los abusos sexuales.
Una estrategia de guerra cruel y silenciosa
La violencia sexual es utilizada como arma de terror contra las mujeres y las niñas en todo Sudán desde el estallido de la guerra en abril de 2023, advirtió el Fondo de Población de la ONU (UNFPA).
Según los datos de ese organismo, más de doce millones de mujeres y niñas, y cada vez más hombres y niños, corren riesgo de sufrir agresiones, un aumento del 80 % con respecto al año anterior.
La guerra intestina que azota a Sudán ha obligado al desplazamiento de unos 13 millones de personas -casi un tercio de la población-, y ha destruido el sistema de salud.
La violencia sexual no es un daño colateral en Sudán, es un arma de guerra. Las milicias y grupos armados recurren a ella para sembrar el miedo, castigar a comunidades rivales y quebrar la resistencia social. Las víctimas, muchas de ellas menores de edad, sufren traumas físicos y psicológicos profundos, a menudo sin acceso a atención médica ni apoyo emocional.
Organismos humanitarios denuncian que algunas mujeres son violadas de forma colectiva, secuestradas o forzadas a contraer matrimonios con combatientes. En muchos casos, estas atrocidades ocurren en campamentos de desplazados, donde la protección es prácticamente inexistente.
El caso de Layla
Para ilustrar el creciente y alarmante uso de la violencia sexual, el UNFPA expuso el caso de Layla, una sudanesa residente de Jartum, la capital del país, cuya casa fue asaltada por hombres armados cuando se encontraba sola con sus hijos.
“Arrestaron a mi hijo y me llevaron a otro coche”, relató Layla, y agregó haber notado que los hombres miraban a su hija de 18 años de forma inquietante. “Probablemente me llevaron para mantenerla sola”, reflexionó.
El temor de Layla por su hija fue un anticipo de lo que más tarde enfrentaría en una prisión superpoblada, donde permaneció recluida durante casi tres semanas.
“Trajeron a mi hijo y empezaron a golpearlo delante de mí. Luego me llevaron a donde tenían prisioneras, interrogándome, acusándome de espía y afirmando que mi marido trabajaba para el ejército”, dijo Layla.
Si bien el ejército de Sudán ha recuperado recientemente zonas estratégicas de Jartum, en ese momento las fuerzas paramilitares de la oposición tenían el control.
Layla describió cómo la desnudaron, la golpearon y la detuvieron sin cargos.
Testimonios silenciados y acceso limitado a ayuda
La estigmatización social que sufren las supervivientes, junto con el miedo a represalias, impide que muchas denuncien los hechos. Además, la inestabilidad en el país ha limitado la presencia de personal humanitario y de derechos humanos, lo que dificulta documentar los casos y brindar asistencia adecuada.
A pesar de estas dificultades, organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional han logrado recopilar testimonios que evidencian un patrón repetitivo de violencia y humillación con fines de dominación. Las mujeres piden justicia, seguridad y reparación.
Un llamado urgente a la acción internacional
La comunidad internacional no puede ser cómplice con su silencio. Es urgente garantizar corredores humanitarios seguros, servicios de salud sexual y reproductiva, y protección efectiva para las víctimas. Asimismo, deben iniciarse investigaciones formales que lleven a la rendición de cuentas de los responsables.
La violencia sexual en conflictos es un crimen de guerra. En Sudán, está dejando cicatrices que durarán generaciones. Dar visibilidad a estas historias y exigir justicia es un acto de humanidad y de compromiso con los derechos fundamentales.
Añadir nuevo comentario