Así se repartirán los menores migrantes no acompañados en España

La gestión de la llegada de menores migrantes no acompañados es uno de los desafíos más complejos y sensibles a los que se enfrenta España. La presión migratoria, concentrada de forma desproporcionada en los territorios fronterizos como Canarias y Ceuta, ha llevado a sus sistemas de protección a una situación de colapso recurrente. Para dar respuesta a esta crisis humanitaria y articular un mecanismo de solidaridad efectiva, el Gobierno ha dado un paso crucial: fijar, por primera vez, la capacidad de acogida que corresponde a cada comunidad autónoma.

Este nuevo marco establece un reparto basado en criterios objetivos que busca una distribución más equitativa de la responsabilidad. Y en este mapa de la solidaridad, tres comunidades emergen como los pilares fundamentales del sistema por su peso demográfico y económico: Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid, que juntas suman la capacidad para acoger a casi 8.000 menores migrantes.

El fin de la improvisación, así se calcula la capacidad de acogida

Hasta ahora, los traslados de menores desde Canarias o Ceuta al resto del territorio se basaban en acuerdos voluntarios y a menudo desiguales entre comunidades. El nuevo Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros pone fin a este modelo y establece una fórmula matemática para determinar la capacidad ordinaria de cada sistema de protección autonómico.

El cálculo pondera diferentes variables para asegurar un reparto justo y proporcional de los menores migrantes:

• Población (50 %): Es el factor con más peso, entendiendo que las comunidades más pobladas tienen una mayor capacidad estructural.
• Renta per cápita (13 %): Se considera la riqueza de cada territorio.
• Tasa de paro (15 %): Un indicador inverso; a mayor paro, menor capacidad teórica.
• Esfuerzo previo de acogida (6 %): Se valora positivamente a las comunidades que ya han realizado un esfuerzo solidario en el pasado.
• Otros factores (16 %): Se incluyen variables como el tamaño del sistema de protección ya existente, la insularidad o la condición de frontera.

El mapa de las plazas dibuja un reparto desigual

La aplicación de esta fórmula dibuja un mapa de la acogida en el que la responsabilidad se distribuye de forma muy desigual en números absolutos, pero proporcional a la capacidad de cada territorio.

• Andalucía: Se sitúa a la cabeza como la comunidad con mayor capacidad, con un total de 2.827 plazas. Su gran peso poblacional es el factor determinante.
• Cataluña: Es la segunda en la lista, con una capacidad asignada de 2.650 plazas. Al igual que Andalucía, su demografía y su PIB la convierten en un actor clave.
• Comunidad de Madrid: Ocupa el tercer lugar, con 2.325 plazas.
• Comunidad Valenciana: Es la cuarta, con una capacidad de 1.767 plazas.

Estas cuatro comunidades suman más de la mitad de la capacidad total de acogida de todo el país. El resto de plazas se distribuyen de forma descendente entre las demás regiones, desde las 692 de Castilla-La Mancha hasta las 107 de La Rioja.

¿Cómo funcionará el sistema en la práctica?

Este cálculo de la capacidad ordinaria servirá como base para activar los traslados obligatorios cuando se declare una situación de emergencia migratoria en Canarias, Ceuta, Melilla o cualquier otra comunidad fronteriza.

Cuando el sistema de protección de menores migrantes de un territorio de llegada esté desbordado, el Gobierno podrá decretar el traslado de un número determinado de menores migrantes. A partir de ese momento, cada comunidad autónoma deberá acoger a un porcentaje de esos jóvenes, en función de las plazas que tiene asignadas. Por ejemplo, en el reparto inicial previsto de 3.900 menores desde Canarias y Ceuta, a cada comunidad le corresponderá una parte proporcional.

Esta medida ha generado un intenso debate político, con varias comunidades mostrando su rechazo o sus reticencias. Sin embargo, el Gobierno defiende que es la única vía para garantizar una gestión ordenada y humanitaria de la crisis, evitando el colapso de los servicios de protección en los territorios de llegada y asegurando que los menores reciban la atención adecuada.

En definitiva, este nuevo marco busca transformar la solidaridad de un acto voluntario a una responsabilidad compartida y regulada. Pone cifras a la capacidad de cada territorio y establece unas reglas del juego claras para afrontar un desafío que, lejos de ser un problema exclusivo de Canarias o Ceuta, concierne a todo el Estado.