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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha lanzado una enérgica llamada al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, instándolo a finalizar "sin más demora" la aprobación del Reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Este crucial reglamento, cuya promulgación estaba prevista para abril de 2025, lleva pendiente desde 2022, generando frustración y obstaculizando el pleno ejercicio de los derechos de miles de personas con discapacidad en España.
La petición del CERMI llega en un momento crítico, subrayando el incumplimiento de un mandato legal establecido hace tres años. En un comunicado contundente, la organización recordó que la modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobada en 2022, ya regulaba la accesibilidad cognitiva. Dicha ley imponía al Gobierno la obligación de promulgar el reglamento de desarrollo en un plazo máximo de tres años a partir del 1 de abril de 2022. Sin embargo, ese plazo expiró el pasado 1 de abril de 2025 sin que la normativa haya visto la luz.
"Transcurrido ese plazo, la norma reglamentaria no ha sido aprobada aún, incumpliendo el Gobierno el mandato legal, en perjuicio de las personas con discapacidad que necesitan esta regulación de las condiciones de accesibilidad para el ejercicio más pleno de sus derechos", enfatizaron desde el CERMI. Esta situación representa un revés significativo para una comunidad que espera desde hace tiempo medidas concretas para garantizar su autonomía y participación en la sociedad.
¿Qué es la accesibilidad cognitiva y por qué es tan importante?
La accesibilidad cognitiva se refiere a la facilidad de comprensión y comunicación para todas las personas, independientemente de sus capacidades intelectuales o cognitivas. Se dirige específicamente a preservar los derechos de aquellos individuos que presentan dificultades en estas áreas. Esto incluye a personas con discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista, personas mayores con deterioro cognitivo, o aquellas con dificultades de aprendizaje, entre otros.
Las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva buscan asegurar que el entorno físico, el transporte, la información y la comunicación sean comprensibles y utilizables por estas personas. Esto abarca desde la señalización en edificios y espacios públicos hasta el diseño de páginas web, la claridad en los mensajes informativos, y la facilidad de uso de tecnologías y servicios. En esencia, se trata de simplificar la información y los entornos para que sean más intuitivos y fáciles de navegar, minimizando barreras invisibles pero muy reales.
El impacto de la falta de facilidad de comprensiónes profundo. Sin ella, las personas con dificultades de comprensión pueden enfrentarse a situaciones de exclusión en su día a día. Pueden tener problemas para usar el transporte público, entender trámites administrativos, acceder a servicios de salud, o incluso participar en actividades recreativas. La ausencia de un marco regulatorio claro impide la implementación de soluciones estandarizadas y generalizadas, dejando a la implementación de estas mejoras a la buena voluntad de entidades y organizaciones individuales, en lugar de ser un derecho garantizado.
El llamamiento del CERMI: un recordatorio de los derechos ignorados
El CERMI, como plataforma representativa de la discapacidad en España, ha sido una voz constante en la defensa de los derechos de este colectivo. Su actual insistencia en la aprobación del reglamento no es solo una cuestión burocrática, sino un recordatorio vital de la necesidad de traducir las leyes en acciones concretas que impacten positivamente la vida de las personas.
La ley de 2022 fue un paso adelante, reconociendo la importancia de la accesibilidad cognitiva. Sin embargo, sin el desarrollo reglamentario, la ley permanece como una declaración de intenciones sin las herramientas prácticas para su implementación efectiva. El reglamento detallaría los requisitos específicos, las responsabilidades de los diferentes actores, y los plazos para la adaptación, proporcionando así una hoja de ruta clara para hacer de la facilidad de comprensión una realidad palpable en el país.
El retraso en la aprobación de este reglamento no solo incumple un mandato legal, sino que también genera una sensación de abandono entre las personas con discapacidad y sus familias. La accesibilidad cognitiva no es un lujo, sino una necesidad fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y la plena inclusión en la sociedad. El CERMI espera que este nuevo llamamiento sirva para acelerar el proceso y que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 actúe con la urgencia que la situación demanda, cumpliendo así con su compromiso hacia la ciudadanía.
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