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El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, reveló recientemente que el Gobierno regional ha puesto en marcha la tramitación de una nueva ley con un carácter inédito: reconocer al “concebido no nacido” como un miembro más de la unidad familiar. Según adelantó, la norma se encuentra en fase de consulta pública y prevé aprobarse por lectura única en la Asamblea madrileña antes de Semana Santa.
En sus declaraciones durante un encuentro informativo, García Martín enmarcó esta iniciativa dentro de la denominada Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y conciliación 2022-26, impulsada por la Comunidad de Madrid. El objetivo, explicó que reconocer al concebido no nacido es garantizar “una cobertura específica en beneficio de las familias” y situar a la región como la primera comunidad autónoma que aplica este reconocimiento con carácter general.
¿Qué implicará para las familias madrileñas el reconocimiento del concebido no nacido?
El consejero subrayó que dentro de las competencias autonómicas, la norma permitirá que este reconocimiento pueda aplicarse “desde que se acredite el embarazo”. En la práctica, esto significa que las familias podrán incluir al feto como integrante computable a efectos de muchas ayudas que en la actualidad se calculan en función de la renta y de los miembros de la unidad familiar.
Con esta inclusión del concebido no nacido, las familias obtendrán los mismos beneficios y derechos que ahora se otorgan en base al criterio de unidad familiar. Entre las prestaciones afectadas García Martín citó:
- Becas de Bachillerato
- Primer ciclo de Educación Infantil en centros privados
- Becas de comedor escolar
- Ayudas al alquiler joven
Asimismo, si una pareja tiene dos hijos y esperan un tercero, podrán acceder anticipadamente a los beneficios previstos para familias numerosas. También se contempla la extensión de la medida a beneficios fiscales como deducciones en el IRPF, desgravaciones por gastos escolares, exenciones de tasas y bonificaciones en la compra de vivienda de segunda mano.
En cuanto al procedimiento, el titular regional indicó que una vez entre en vigor la ley, las familias sólo necesitarán presentar un informe médico que acredite el embarazo para solicitar las subvenciones correspondientes.
Estrategia 2022-26 y otros apoyos vigentes
La nueva ley de reconocimiento del concebido no nacido es una pieza más de la Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y conciliación 2022-26, que incluye un total de 80 medidas.
Entre sus objetivos están:
- Apoyar y proteger la maternidad y la paternidad frente a obstáculos sociales, laborales o económicos.
- Fomentar la natalidad para contrarrestar el envejecimiento poblacional.
- Facilitar la conciliación entre vida familiar y profesional y promover la corresponsabilidad.
Dentro de ese marco, ya existían programas vigentes como la ayuda mensual de 500 euros para mujeres gestantes menores de 30 años, con ciertas condiciones (residencia, renta máxima, duración, etc.).
También está el catálogo de “ayudas económicas a la natalidad” de la Comunidad, que exige que la unidad familiar no supere ciertos umbrales de renta (por ejemplo, 30.000 euros en tributación individual o 36.200 euros en tributación conjunta) según normativa autonómica vigente.
Hoy en día, el concepto de unidad familiar está regulado, entre otros ámbitos, por la normativa tributaria. En el IRPF, la unidad familiar la componen los cónyuges no separados legalmente y sus hijos menores, o hijos mayores incapacitados, bajo ciertas condiciones. Además, la Comunidad de Madrid asimila para sus ayudas el concepto fiscal de unidad familiar.
El cambio propuesto de reconocimiento del concebido no nacido implica extender ese concepto tradicional hacia un estadio prenatal, algo que no se contempla hasta ahora en la normativa autonómica ni estatal.
Retos, críticas y puntos por definir
Aunque la iniciativa del concebido no nacido ha sido recibida con interés mediático, también suscita dudas y debates. Entre los puntos que quedan por concretar se encuentran:
- ¿Qué sucede si el embarazo no llega a término? García Martín no explicó cómo se actuará en casos de aborto espontáneo o interrupción médica, es decir, si se revierte el reconocimiento concedido.
- Régimen jurídico del concebido: la normativa deberá precisar cómo se certificará el estado de gestación (y qué plazos valdrán).
- Compatibilidad con derechos reproductivos: desde algunos sectores feministas y de igualdad podría cuestionarse si este reconocimiento impacta en decisiones sobre interrupción voluntaria del embarazo.
- Control y verificaciones: habrá que definir cómo se evitan fraudes o uso abusivo.
- Equilibrio con competencias estatales y constitucionales: incluso cuando es una ley autonómica, podrían plantearse recursos si se estima que invade competencias del Estado en materia de derechos fundamentales.
En cuanto a precedentes, en España se han planteado iniciativas similares en comunidades autónomas, aunque no con carácter tan generalizado como el que pretende Madrid. Por ejemplo, en Galicia existe una ley que admite al concebido como miembro de la unidad familiar, pero solo en determinados casos de familias numerosas.
Además, esta propuesta recupera una idea que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya ha formulado en ocasiones anteriores.
Calendario de tramitación y expectativas
Según lo anunciado por el consejero, la normativa está ahora mismo en consulta pública y la previsión es que la Asamblea de Madrid la apruebe por lectura única antes de Semana Santa. Es decir, se buscaría una aprobación rápida sin múltiples trámites parlamentarios.
De prosperar esa hoja de ruta, muchas familias madrileñas podrían desde el próximo año incluir al concebido no nacido en las solicitudes de becas, ayudas al alquiler, beneficios fiscales, y optar anticipadamente a derechos vinculados a familia numerosa.
En definitiva, Madrid se prepara para un salto normativo inédito: incorporar al ser gestado dentro del cálculo de las unidades familiares, un cambio que, de aprobarse, podría tener efectos apreciables en el acceso a prestaciones sociales y fiscales.
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