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Panamá, 2 oct (EFE).- La concesionaria de una mina de cobre de 6.300 millones de dólares, filial de la canadiense First Quantum, presentó hoy una batería de recursos que buscan desde la aclaración hasta la nulidad de un fallo del Supremo panameño en contra de la Ley que aprobó la concesión minera.
El paquete de recursos fue presentado este martes por la empresa Minera Panamá ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la firma panameña de abogados Morgan y Morgan, su representante legal.
En estos recursos se le pide a la Corte Suprema que replanté la decisión adoptada en el fallo de constitucionalidad emitido el 21 de julio de 2017, que fue notificado este lunes a la compañía minera.
José Carrizo, abogado de Minera Panamá, dijo que se ha pedido a la CSJ que "revise el alcance y contenido de esa decisión adoptada" en el fallo, pues la empresa estima "que se debe preservar y respetar los términos y condiciones de los contratos en el momento en que son celebrados".
Ante la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 9 de 1997, que avaló la concesión minera, ahora se pide al Supremo que "examine lo que es la discusión sobre el respeto irrestricto y salvaguarda de los intereses, términos y condiciones que estaban vigentes al momento en que suscribió el contrato", indicó Carrizo.
El letrado explicó a Efe que lo presentado ante la CSJ incluye una solicitud de aclaración, un incidente de nulidad, una revocatoria de oficio, una consulta de constitucionalidad y una solicitud de reconsideración, los cuales tienen "un mismo eje que es la preservación y la estabilidad de las inversiones".
Lo que se busca concretamente, según Carrizo, es que la Corte tenga la oportunidad de replantear la situación o los efectos del fallo de inconstitucionalidad sobre la Ley 9 de 1997.
El abogado señaló, empero, que la parte resolutiva de este fallo "recae exclusivamente sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 9 y no se refiere al contrato", pero reconoció que "de alguna forma aprueba el contrato e incluye una serie de beneficios, exenciones fiscales y otras consideraciones que formaron parte de ese contrato al momento que fue aprobado".
Manuel Aizpurúa, vocero de la empresa, dijo que "el proyecto sigue avanzando con sus 12.600 trabajadores, 22 comunidades de interés y las 1.400 empresas panameñas que trabajan junto a nosotros". Por ello, expresó, "es importante preservar las reglas bajo las cuales invertimos 6.300 millones de dólares".
Consultado sobre este asunto, Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, dijo hoy a Efe que lo acostumbrado una vez se conoce el sentido de un fallo es si se puede dar una aclaración de la sentencia "para que se disipen sus puntos oscuros".
Araúz indicó que desde su óptica "el fallo puede ser enmendado, modificado o corregido, pero no puede desaparecer".
Minera Panamá destacó hoy que su proyecto de inversión privada es el más grande en la historia de Panamá, con una inversión de 6.300 millones de dólares y avance de su etapa de construcción del 73 por ciento.
Resaltó que a partir de su periodo de inicio de operaciones (2019) aportará el 4 por ciento al producto interno bruto (PIB) de Panamá, con aproximadamente 2 mil millones de dólares en exportaciones.
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una asociación ecologista panameña, informó el 24 de septiembre pasado que el Supremo del país falló a su favor y declaró inconstitucional el "Contrato Ley 9 de 26 de febrero de 1997", que avaló la concesión minera.
Ese fallo fue en respuesta a un Recurso de Inconstitucionalidad presentado por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá en 2009.
El Estado panameño y Minera Petaquilla (también de origen canadiense) firmaron en 1997 un contrato de concesión para la extracción de oro, cobre y otros minerales en la zona de Petaquilla, un cerro ubicado en el distrito de Donoso, en la provincia caribeña de Colón.
La concesión a Minera Petaquilla, que tras varias ventas cambió su nombre a Minera Panamá, vencía en febrero del año pasado, pero el actual Gobierno decidió prorrogarla por 20 años más, hasta el 28 de febrero de 2037, según fue publicado en Gaceta oficial
La ONG dijo que el fallo "implica que la prórroga concedida a Minera Panamá es nula de nulidad absoluta porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal".
Opinó además que la decisión del Supremo "es una victoria a favor del ambiente aún cuando tardó nueve años en concretarse, durante los cuales se han vendido y traspasado muchas veces los derechos de las empresas afiliadas y concesionarias".
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