La fragilidad de las personas mayores en el contexto del coronavirus

La sociedad civil ha acogido de forma muy positiva el nuevo informe de Naciones Unidas, sobre el impacto del COVID-19 en los derechos de las personas mayores.

Los miembros de la Alianza Global por los Derechos de las Personas Mayores (GAROP) han solicitado a los Estados que se unan a la petición del Secretario General de la ONU para acelerar el desarrollo de propuestas para una convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores.

¿Qué indica el informe de Naciones Unidas?

El informe señala algunos de los derechos humanos que se han visto afectados por esta pandemia. Se hace referencia a: el derecho a la vida, a la salud, a la autonomía personal, a la atención sanitaria, a los cuidados paliativos, a la seguridad y a disfrutar de una vida libre de violencias, abusos o negligencias.

Este informe presenta una serie de recomendaciones en estas áreas y supone un recurso muy importante para responder al COVID-19.

Justin Derbyshire, Director Ejecutivo de HelpAge International, ha felicitado al Secretario General de la ONU por su liderazgo en la defensa de los derechos de las personas mayores y ha agradecido que reconozca la gran cantidad de riesgos que el COVID-19 tiene en la vida de las personas mayores, “ya que esta pandemia supone una gran amenaza a su salud, derechos y bienestar social y económico”.

Justin Derbyshire también ha declarado que “esta pandemia ha aumentado las desigualdades preexistentes, el edadismo y la discriminación, así como los desafíos enfrentados para acceder a la atención médica y la asistencia humanitaria”. 

Señala que, las respuestas a la pandemia hasta la fecha no han logrado incluir adecuadamente a las personas mayores. Como destaca el informe de la ONU, la pandemia ha demostrado “la necesidad de crear marcos legales más fuertes a nivel nacional e internacional para proteger los derechos de las personas mayores y tenerlas en cuenta en las respuestas sociales, económicas y humanitarias”.

HelpAge International, como miembro de la Alianza Global por los Derechos de las Personas Mayores (GAROP), solicita Los Estados miembros y las agencias de la ONU que “apoyen al Secretario General y tomen medidas inmediatas para garantizar el bienestar, la dignidad y la voz de las personas mayores en la respuesta a la pandemia de COVID-19”. Señalan desde la organización internacional que, “es esencial que los Estados den prioridad a su participación en el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Envejecimiento de Naciones Unidas y contribuyan activamente al desarrollo de propuestas concretas para una Convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores”.

Ante la crisis sanitaria, HelpAge International ha señalado en distintas ocasiones las medidas específicas que deben abordarse, como:

• Asegurar que las personas mayores tengan acceso a la información sobre los riesgos a los que se enfrentan y cómo poder protegerse de ellos.
• Garantizar que las personas mayores puedan participar en los procesos de toma de decisiones.
• Monitorizar el impacto del COVID-19 y las respuestas a la pandemia en las personas mayores.
• Dar acceso a los sistemas nacionales de salud a las personas mayores refugiadas y garantizar que tengan especial atención en los planes de respuesta humanitaria.
• Garantizar los derechos de las personas mayores en los marcos legales nacionales e internacionales.

El coronavirus y las personas mayores en España

La Unión Democrática de Pensionistas de España (UDP) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) apelaron al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) para que se tomen acciones por la desatención de las residencias de ancianos frente al coronavirus.

Ambas entidades han acudido al Defensor del Pueblo tras recordar que “son más de 17.000” las personas mayores que han fallecido en residencias en los últimos dos meses por COVID-19.

Exigen que “se atienda en los centros sanitarios a las personas mayores de 80 años como a cualquier otro ciudadano”, después de las informaciones que apuntan a que hubo hospitales que rechazaron ingresos de mayores de residencias.

También demandaron que las residencias, donde “el personal cuida con cariño y vocación manifiesta a las personas mayores”, estén equipadas correctamente para poder atender a los mayores infectados “en las mejores condiciones posibles”.