Galicia aprueba una ley pionera para proteger la salud juvenil

El Parlamento de Galicia se prepara para dar este martes el visto bueno definitivo al proyecto de ley de protección de la salud juvenil y prevención de conductas aditivas, una norma que coloca a la comunidad a la vanguardia en materia de salud pública.

Con esta iniciativa, Galicia se convertirá en la primera región española en prohibir la venta y el consumo de vapeadores y bebidas energéticas a menores de edad, al equiparar estos productos al tabaco y al alcohol, todo por la salud juvenil.

Una ley con una sola enmienda en debate parlamentario

El texto llega al Pleno con una única enmienda presentada por el BNG, que ha solicitado su devolución por considerarlo un documento “ambiguo” y “lleno de generalidades”. Según los nacionalistas, el proyecto carece de concreción en muchos de sus apartados y delega responsabilidades en los ayuntamientos sin dotarlos de los recursos necesarios.

El Consejo de la Xunta aprobó el proyecto a finales de julio, tras incorporar propuestas de diferentes sectores sociales, sanitarios y educativos. La iniciativa se presenta como una norma “necesaria, valiente y ambiciosa”, en palabras del consejero de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, quien destacó que su objetivo es promover una acción conjunta de toda la sociedad gallega en defensa de la salud juvenil.

La nueva ley se apoya en un enfoque integral y transversal, que aborda tanto las adicciones con sustancia (tabaco, alcohol, cannabis) como las adicciones sin sustancia, entre ellas el juego o el uso problemático de las tecnologías digitales. El texto combina tres ejes fundamentales: prevención, promoción de la salud y control de la oferta.

Entre las medidas más destacadas figura la prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos a menores y la ampliación de las zonas libres de humo. A partir de ahora, no se podrá fumar en los accesos a centros educativos, sanitarios o de la Administración pública, dentro de un radio de 50 metros, ni tampoco en marquesinas de transporte público o en piscinas de uso público, con el fin de reducir la exposición al humo de los fumadores pasivos.

Bebidas energéticas: riesgo para la salud juvenil

Uno de los puntos más innovadores de la norma es la restricción de la venta y consumo de bebidas energéticas por parte de menores. Según la Xunta, estos productos pueden contener hasta 32 mg de cafeína por cada 100 ml, además de otros componentes estimulantes, lo que equivale a ingerir tres cafés. Las autoridades sanitarias advierten que, en adolescentes, un consumo superior a 60 mg puede afectar al sueño, mientras que a partir de 160 mg puede generar alteraciones psicológicas, conductuales y cardiovasculares.

Por este motivo, Galicia sigue el ejemplo de países europeos como Polonia y Letonia, que ya aplican restricciones similares. Además, los establecimientos deberán colocar estas bebidas separadas de los refrescos tradicionales, para fomentar la concienciación sobre su contenido y posibles efectos.

El Gobierno autonómico recuerda que el consumo de estas bebidas suele combinarse con alcohol entre los jóvenes, lo que aumenta el riesgo de intoxicaciones y coma etílico. Ante estas situaciones, los servicios sanitarios estarán obligados a informar y asesorar a las familias del menor atendido por consumo de sustancias, ofreciéndoles recursos de prevención y ayuda asistencial. Si el menor reincide, se le propondrá participar en programas de apoyo, implicando también al adulto responsable.

Prevención, educación y sanciones alternativas

La ley incorpora un enfoque educativo frente a las sanciones. En lugar de castigos económicos, los menores podrán sustituir las sanciones por su participación en programas preventivos o asistenciales, como talleres sobre los daños del tabaco, alcohol o cannabis, o incluso trabajos en beneficio de la comunidad vinculados con la conducta infractora.

Asimismo, se refuerzan las medidas preventivas en distintos ámbitos (familiar, escolar, comunitario y sanitario). En los controles de salud juvenil e infantil desde los 12 años, se incluirán cribados e intervenciones sobre el consumo de alcohol, tabaco, cannabis, bebidas energéticas y uso excesivo de tecnologías.

El texto define las competencias de los entes locales de manera similar a las recogidas en la ley de 2010 sobre prevención del consumo de alcohol en menores, aunque transfiere la imposición de sanciones relacionadas con el “botellón” a los departamentos territoriales de Sanidad. Para mejorar la coordinación, se creará una Comisión de Prevención de Adicciones de Galicia, formada por representantes de la Xunta, administraciones locales y entidades sociales vinculadas a la salud juvenil. Este órgano será el encargado de promover convenios de colaboración y coordinar las políticas preventivas.

Críticas del BNG: “una ley ambigua y punitiva”

El Bloque Nacionalista Galego ha sido la única formación en presentar una enmienda de devolución, argumentando que el proyecto carece de concreción y que delega competencias impropias en los ayuntamientos sin respaldo financiero ni técnico. Según los nacionalistas, la norma “se inclina excesivamente hacia las prohibiciones y sanciones”, en lugar de apostar por la educación, la información y la sensibilización.

El grupo también considera que las sanciones previstas son “desproporcionadas”, especialmente porque muchas de ellas se dirigen a menores, y lamenta la falta de objetivos claros, recursos y plazos para su aplicación.

Una ley pionera con vocación preventiva

A pesar de las críticas, la Xunta de Galicia defiende su iniciativa como un paso decisivo hacia una sociedad más saludable y consciente. El Gobierno autonómico insiste en que la nueva ley no busca castigar, sino prevenir y educar, promoviendo hábitos de vida que sean sinónimo de salud juvenil y reduciendo el impacto de las conductas adictivas en la comunidad.