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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la condonación de parte de la deuda de comunidades autónomas por un importe de casi 85.000 millones de euros. Esta medida, resultado de un acuerdo de investidura con ERC, busca aliviar la carga financiera de las regiones y permitirles destinar más recursos a los servicios públicos esenciales. La quita, que no incluye a País Vasco y Navarra por tener un sistema foral, fue aprobada en febrero por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el único apoyo de las regiones socialistas.
Un plan de alivio para la deuda de comunidades autónomas
El anteproyecto de ley no solo busca mejorar la salud financiera de las autonomías, sino también allanar el camino para la aprobación de los próximos presupuestos generales del Estado. El Gobierno asumirá un total de 83.252 millones de euros de la deuda de comunidades autónomas. Las cifras muestran una clara distribución de beneficios, con algunas regiones destacando sobre el resto.
Andalucía y Cataluña son las comunidades más beneficiadas. Para la primera, el Estado asumirá 18.791 millones de euros, lo que representa el 22,6 % del total condonado. En el caso de Cataluña, la cifra asciende a 17.104 millones, el 20,5 % del reparto. Les siguen la Comunidad Valenciana con 11.210 millones (13,15 %) y la Comunidad de Madrid, que a pesar de su activa oposición a la medida, recibirá una quita de 8.644 millones (10,4 %).
La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido la medida ante la Audiencia Nacional, argumentando que es contraria al principio de igualdad entre territorios. Otras comunidades también se verán beneficiadas, como Castilla-La Mancha (4.927 millones), Galicia (4.010 millones) y Murcia (3.318 millones). Las que menos deuda verán condonada son La Rioja (448 millones) y Cantabria (809 millones).
La quita no desaparece, se traslada
Es importante aclarar que los 83.252 millones de euros de deuda de comunidades autónomas no se desvanecen. Lo que sucede es que el Estado, es decir, el conjunto de los ciudadanos, asume esta carga. Con esta medida, las comunidades de régimen común liberarán recursos que, solo en intereses, representan un ahorro de 7.000 millones de euros. La ministra de Hacienda defiende que esta acción reconoce un error del pasado, señalando que la respuesta del Gobierno central durante la crisis financiera de 2012 no fue la adecuada y provocó un notable deterioro en las cuentas autonómicas.
El mecanismo de condonación, diseñado en tres fases, parte de la premisa de que instrumentos como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), creados para evitar la quiebra de las autonomías, no estuvieron bien planteados. Estos habrían generado un "efecto bola de nieve", aumentando la deuda de comunidades autónomas y forzando a las regiones a fuertes restricciones financieras.
La fórmula del reparto de la deuda de comunidades autónomas
En la primera fase, se comparó el aumento de la deuda regional durante la crisis de 2009-2013 con el de la pandemia (2019-2023). El sobreendeudamiento de 80.310 millones de euros detectado en el primer periodo es la cuantía inicial a condonar. Las tres cuartas partes de esta cantidad se reparten en función de la población ajustada de cada región, considerando factores como la población envejecida o la dispersión.
En las otras dos fases, que cubren el 25 % restante de la quita, el reparto se basa en la situación de las autonomías más endeudadas y aquellas que han recibido un trato desfavorable del sistema de financiación, como es el caso de Andalucía. El importe máximo que el Estado asumirá por cada región no superará el 50 % de su deuda total a 31 de diciembre de 2023. El objetivo es compensar e igualar a las comunidades en términos de deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante.
El origen del endeudamiento
El actual nivel de endeudamiento de las comunidades autónomas tiene raíces profundas. Una parte se originó en el exceso de gasto durante el 'boom' inmobiliario, y otra se agravó durante la crisis financiera cuando algunas regiones no moderaron su gasto. A esto se suma el modelo de financiación autonómica, que lleva caducado desde 2014.
Según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha son las cuatro comunidades de régimen común más penalizadas por este modelo. Sus gobiernos han venido reclamando a Hacienda la reforma del sistema y la creación de un fondo de compensación para aliviar su deuda de comunidades autónomas. Con la medida aprobada, el Gobierno busca dar respuesta a una problemática que arrastra años.
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