Huancavelica: la lucha de las comunidades andinas por el agua que alimenta al desierto de Ica

A más de 4.600 metros de altitud, en la comunidad indígena de Carhuancho (Huancavelica), Janeth Quispe cuida 1.500 alpacas. Allí, en la puna andina, casi nada crece salvo el ichu, un pasto resistente. Desde niña aprendió a conducir a sus animales hacia los bofedales, humedales naturales que retienen el agua de lluvias y deshielos. Pero ahora esos espacios se secan con rapidez.

“La nieve de la cordillera ya no está, y cuando llueve, el agua corre y se va”, lamenta Janeth. Sus alpacas mueren más, los pastos desaparecen y, en los meses secos, debe cargar agua en galoneras para mantener vivo al rebaño.

El cambio climático acelera una crisis histórica en Huancavelica

Los registros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) confirman lo que sienten los comuneros: las lluvias son más intensas, breves y concentradas. Los ríos que antes corrían medio año ahora fluyen apenas tres meses. En este contexto, Huancavelica enfrenta un problema adicional: el trasvase de sus aguas hacia la costa de Ica.

Desde 1950, tres lagunas altoandinas (Choclococha, Orcococha y Ccaracocha) alimentan un canal de 53 kilómetros que desvía millones de metros cúbicos de agua de Huancavelica hacia el valle costeño. El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), administrado por el Gobierno Regional de Ica, canaliza cada año entre 10 y 15 metros cúbicos por segundo, volumen equivalente a llenar unas 200.000 piscinas olímpicas.

Las comunidades de Carhuancho, Choclococha, Santa Inés, Santa Ana y Pilpichaca, más de 4.000 quechuahablantes dedicados a la ganadería, están en el inicio del trasvase. Desde su construcción, denuncian pérdidas: pastos inundados, animales caídos en el canal, desplazamientos forzados y sequías progresivas.

El Tribunal Latinoamericano del Agua (2007) concluyó que el proyecto redujo los pastos por no respetar un caudal ecológico. En 2010, Water Witness International advirtió sobre el deterioro de humedales y aumento del riesgo de sequías, mientras que en 2014 el propio Gobierno Regional de Ica reconoció impactos socioambientales. En 2021, la OCDE señaló que los beneficios se concentran en la agroexportación costeña y los perjuicios recaen sobre las comunidades andinas.

La deuda con las comunidades

La ley peruana exige compensaciones cuando una obra hidráulica afecta tierras comunales, pero en Huancavelica nunca se han cumplido. “Aquí nace el agua que sostiene a la costa, pero nadie nos apoya”, dice Guzmán Llamoca, comunero de Salcca.

En 2023, se promulgó la Ley 31720 del canon hídrico, que establece una compensación para las regiones que proveen agua a otras. Dispuso que el 50 % del beneficio se destine a comunidades de origen, 25 % a municipios provinciales y 25% a distritales. Sin embargo, la norma quedó paralizada entre trámites, observaciones y falta de reglamento. En febrero de 2025, el Tribunal Constitucional ratificó su validez, pero a septiembre de ese año no se ha ejecutado ni un solo proyecto.

“Nos piden cuidar el agua, pero seguimos igual o peor”, reclama Pelayo Sánchez, de Choclococha. “El agua pasa frente a nosotros, pero no podemos usarla”, añade Nemi Achurata, criadora de truchas que ha perdido miles por cambios bruscos en el caudal.

El PETACC, creado en 1990 y transferido a Ica en 2003, gestiona el trasvase que mantiene vivo al río Ica, base de un valle agroexportador de alto rendimiento. En 2023, las exportaciones agrícolas de Ica superaron los 1.080 millones de dólares y cubrieron más de 100.000 hectáreas, con cultivos como uva, palta y arándano. Pero ese auge depende de acuíferos sobreexplotados: cada año se extraen 200 millones de m³ más de lo que la naturaleza recarga.

Aunque las empresas aseguran no usar directamente el agua desviada, el trasvase contribuye indirectamente a recargar el acuífero Ica–Villacurí, del cual se alimentan miles de pozos. Para mitigar la crisis, se han creado más de 800 pozas de infiltración, en uno de los programas más grandes del mundo, aunque insuficiente ante la sobreextracción.

Desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), especialistas como Fátima Contreras y Bryan Jara advierten que el canon hídrico requiere reglas claras: quién paga, cómo se calcula y en qué se invierte. Si no se diseña bien, podría fracasar en su propósito de justicia y conservación.

Mientras tanto, la Mancomunidad Regional Huancavelica–Ica y el Consejo de Recursos Hídricos Tambo–Santiago–Ica avanzan lentamente en planes de gestión sin resultados concretos para las comunidades afectadas.

La voz de los Andes

Algunos agroexportadores empiezan a reconocer responsabilidades. “Ica tiene una deuda con Huancavelica”, admite Manuel Olaechea, presidente de XinérgIca, que agrupa 15 grandes empresas. Han impulsado pequeños proyectos de piscicultura en altura, aunque los comuneros reclaman obras básicas: reservorios, pastos mejorados y apoyo para la crianza de alpacas.

“Queremos trabajar con la región y con las empresas”, insiste Janeth Quispe, mientras limpia su reservorio artesanal. “No es justo que se lleven el agua sin compensarnos. Esta tierra es nuestra vida, y no la vamos a dejar”.