Más de 300 detenidos al año por incendios forestales en España: el perfil del incendiario

Mientras las llamas devoran nuestros montes cada verano, surge una pregunta inevitable y cargada de rabia: ¿quién está detrás? ¿Es el cambio climático, un rayo desafortunado o hay una mano humana que enciende la mecha? La respuesta, según un análisis de Newtral.es a partir de datos del Ministerio del Interior, es abrumadoramente clara: el factor humano es el principal responsable. Y no es una suposición, son cifras: en España, hay una media de 330 personas investigadas o detenidas cada año por su presunta implicación en delitos de incendios forestales.

Esta cifra, que se ha mantenido sorprendentemente estable a lo largo de la última década, pone cara y perfil al origen de una de las mayores lacras medioambientales de nuestro país. Nos obliga a mirar más allá de las condiciones meteorológicas y a entender las motivaciones, negligencias e intenciones que se esconden detrás del inicio de la mayoría de los fuegos.

El perfil del incendiario: ni pirómanos ni conspiraciones

La investigación de las causas de un incendio es una labor compleja y minuciosa, llevada a cabo por unidades especializadas como el Seprona de la Guardia Civil. Su trabajo ha permitido desmontar algunos de los mitos más extendidos sobre los incendiarios.

Contrariamente a la creencia popular, el pirómano —la persona con un trastorno patológico que siente una atracción por el fuego— representa un porcentaje ínfimo de los casos, menos del 10 %. Tampoco las grandes conspiraciones de tramas organizadas para recalificar terrenos (una práctica muy perseguida y penada por ley) explican la mayoría de los fuegos.

El perfil real del responsable de un incendio es mucho más diverso y, a menudo, más mundano. Se puede dividir en dos grandes categorías:

1. Incendios por negligencia (la gran mayoría): Representan más de la mitad de los casos investigados. Aquí se encuentran las situaciones donde no hay intención de quemar el monte, pero sí una imprudencia grave. Los ejemplos más comunes son:
   • Quemas agrícolas o ganaderas descontroladas: Agricultores que queman rastrojos sin las debidas precauciones o ganaderos que queman pastos para regenerarlos y el fuego se les va de las manos.
   • Chispas de maquinaria: El uso de maquinaria agrícola, forestal o incluso de radiales en días de alto riesgo.
   • Colillas mal apagadas, barbacoas ilegales o el lanzamiento de cohetes en fiestas.
2. Incendios intencionados: Suponen entre un 30% y un 40% de los casos. Aquí sí existe la voluntad de quemar, pero las motivaciones son muy variadas y raramente patológicas. Entre ellas se encuentran:
   • Venganzas personales: Disputas entre vecinos, rencillas por lindes o conflictos laborales.
   • Intereses económicos ilícitos: Cazar de forma furtiva aprovechando que los animales huyen del fuego, o buscar madera quemada barata.
   • Regeneración de pastos: La práctica ilegal de quemar matorral para favorecer el crecimiento de pasto para el ganado sigue siendo una causa importante.
   • Simplemente, maldad o vandalismo.

La difícil tarea de la investigación: "el crimen perfecto"

A pesar de la alta cifra de investigados, la resolución de un delito de incendio es extremadamente complicada. Muchos expertos lo califican como "el crimen casi perfecto". El propio fuego destruye la mayoría de las pruebas, no suele haber testigos directos y los incendios a menudo se inician en zonas remotas y de difícil acceso.

Las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) realizan un trabajo detectivesco. Analizan el "punto de inicio", buscan posibles artefactos incendiarios (mechas, acelerantes), estudian la meteorología del momento y, sobre todo, realizan una profunda labor de investigación en el entorno: interrogan a vecinos, investigan posibles conflictos en la zona y analizan patrones de incendios anteriores.

La dificultad probatoria es la razón por la que muchos de los 330 investigados anuales finalmente no llegan a ser condenados. Demostrar sin lugar a dudas que una persona concreta inició el fuego, y si lo hizo de forma intencionada o por una negligencia, es un reto mayúsculo para la justicia.

Las consecuencias legales salen caras

Provocar incendios forestales no es una falta menor; es un delito grave recogido en el Código Penal. Las penas varían enormemente según las circunstancias:

• Por negligencia grave: Las penas de prisión pueden ir de 1 a 5 años.
• De forma intencionada: Las penas se elevan de 3 a 6 años.
• Con agravantes: Si el incendio ha puesto en peligro la vida de personas o se ha producido cerca de zonas habitadas, las penas pueden alcanzar hasta los 20 años de prisión.

Además de las penas de cárcel, los condenados se enfrentan a multas millonarias y a la obligación de reparar el daño ecológico causado, una deuda que puede perseguirles de por vida.

En definitiva, las cifras nos demuestran que el enemigo de nuestros bosques no es un monstruo anónimo. A menudo, es un vecino, un trabajador o un transeúnte imprudente. La lucha contra el fuego pasa, ineludiblemente, por una mayor concienciación, educación y una persecución implacable de quienes, con una cerilla, una colilla o una chispa, deciden poner en jaque nuestro patrimonio más valioso.