20/06/2025 - 15:30
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El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la modificación de la Ley Orgánica 1/2002, que regula el derecho de asociación. Esta reforma incorpora un nuevo motivo de disolución judicial de asociaciones: aquellas que realicen apología del franquismo o ensalcen a sus dirigentes menospreciando a las víctimas del régimen.
La medida fue ratificada tras el rechazo de las enmiendas del Senado, con 176 votos en contra frente a 170 a favor, manteniéndose así el texto original.
El franquismo, motivo legal de disolución
La nueva redacción contempla que podrán disolverse por vía judicial las asociaciones que glorifiquen el golpe de Estado de 1936, la dictadura posterior o a sus figuras representativas, siempre que tales acciones vayan acompañadas de un desprecio hacia las víctimas del franquismo.
Este enfoque refuerza el compromiso del legislador con la protección de la dignidad de las víctimas y con la lucha contra el discurso del odio.
El procedimiento para iniciar la disolución corresponderá al orden civil, y será el Ministerio Fiscal quien podrá promoverlo. También estarán legitimadas aquellas entidades que trabajen en defensa de la memoria democrática. Así, se garantiza que el proceso tenga una base jurídica sólida y se aleje de arbitrariedades políticas, respetando el marco constitucional.
Enmiendas del Senado sin éxito
Durante su paso por la Cámara Alta, el Senado propuso introducir un nuevo supuesto para permitir la ilegalización de asociaciones vinculadas a grupos terroristas, aludiendo de forma directa a ETA. Sin embargo, estas modificaciones fueron rechazadas por el Congreso, que optó por mantener el foco exclusivo en la apología del franquismo como causa de disolución.
La tramitación comenzó en septiembre de 2024 a propuesta del Grupo Socialista. Fue aceptada a trámite en octubre y debatida un mes después. El texto aprobado conserva íntegramente su formulación inicial y otorga a varios artículos el carácter de Ley Orgánica, al desarrollar derechos fundamentales como el de asociación, recogido en el artículo 22 de la Constitución.
Posturas enfrentadas en el hemiciclo
Durante el debate, los grupos mostraron posturas claramente divergentes. Desde el Partido Popular, el diputado Enrique Belda expresó su oposición a la medida, argumentando que penalizar ideas, por repulsivas que sean, va en contra del derecho de asociación. Pidió no reabrir “heridas del pasado” ni “usar a Franco como argumento político”.
Raúl Díaz, portavoz del PSOE, reprochó al PP su "equidistancia", criticando que sus enmiendas omitieran referencias al franquismo para hablar genéricamente de totalitarismos. A su juicio, esto resta eficacia a la defensa de las víctimas del régimen dictatorial.
Por otro lado, José María Sánchez, de Vox, tildó la reforma del franquismo “censura legislativa” y la comparó con el respeto al discurso político existente en países como Francia o Italia respecto a figuras como Pétain o Mussolini.
Desde la izquierda, Nahuel González (Sumar) celebró la aprobación de la ley, asegurando que “las asociaciones franquistas tienen los días contados”. En la misma línea, Jon Iñarritu (EH Bildu) consideró la medida urgente y necesaria ante la creciente presencia de “basura franquista y neofranquista” en las redes sociales, especialmente entre los jóvenes.
Un paso más hacia la justicia histórica
La aprobación de esta reforma con el franquismo supone un avance en la protección de la memoria democrática en España. Con ella, el Estado se dota de una herramienta jurídica para evitar la glorificación de regímenes que pisotearon los derechos humanos, priorizando el respeto a las víctimas y cerrando el paso al revisionismo y al odio.
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