Un nuevo cable submarino conectará Canarias con la costa atlántica africana

La instalación de un nuevo cable submarino que unirá las Islas Canarias con la costa atlántica africana, impulsada por las autoridades de Marruecos, ha desatado una nueva controversia geopolítica. El proyecto, que se presenta como una iniciativa para mejorar la conectividad digital, ha encendido las alarmas en la comunidad internacional, ya que sus puntos de anclaje se encuentran en el Sáhara Occidental, un territorio no autónomo ocupado ilegalmente por Marruecos desde 1975.

Este movimiento, realizado al margen de la Unión Europea y sin el consentimiento del pueblo saharaui, plantea serias dudas sobre la legalidad del proyecto y sus verdaderas intenciones. El objetivo de este artículo es ofrecer una visión más amplia sobre el significado y las consecuencias de este proyecto en el marco del conflicto del Sáhara Occidental.

Un cable submarino que amarra la estrategia marroquí

El despliegue de este cable submarino, que se prevé esté operativo para 2026, conectará Gran Canaria y Fuerteventura con Tarfaya o Bojador, ciudades situadas en el Sáhara Occidental. La elección de estos puntos de amarre no es casual y representa un paso audaz en la estrategia de Marruecos para consolidar su control sobre el territorio saharaui.

Según Juan Soroeta, catedrático en Derecho Internacional, esta acción es un hecho consumado que busca legitimar la ocupación a través de infraestructuras civiles, ignorando deliberadamente el mandato de la ONU y el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro. La instalación del cable submarino de Marruecos a Canarias podría, además, servir como plataforma para futuros proyectos estratégicos en la región, abarcando desde la logística hasta la energía o la seguridad.

La Unión Europea, entre la complicidad y la inacción

Este proyecto de Marruecos se desarrolla en un contexto de resoluciones judiciales europeas que prohíben expresamente cualquier acuerdo o iniciativa que afecte al Sáhara Occidental sin el consentimiento del Frente Polisario, el legítimo representante del pueblo saharaui. La sentencia más reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del 4 de octubre de 2024, reafirma esta posición, obligando a la UE a respetar el principio de autodeterminación y a no beneficiarse de recursos o actividades en un territorio ocupado. La pasividad ante la instalación de este cable submarino entre Marruecos y Canarias podría, por tanto, convertir a la UE en cómplice de una violación flagrante del Derecho Internacional, minando su credibilidad como actor comprometido con la legalidad.

La estrategia de Marruecos no se limita a este proyecto, sino que forma parte de una política más amplia de hechos consumados, explotación de recursos naturales y acuerdos bilaterales que eluden las resoluciones internacionales. La infraestructura del cable submarino es, en este sentido, una herramienta más para proyectar la soberanía marroquí sobre las aguas del Sáhara, buscando dar una apariencia de normalidad a una situación de ocupación ilegal.

A través de este acto, Marruecos no solo busca conectar un territorio, sino afianzar su presencia marítima y su influencia geopolítica en una zona estratégica, con implicaciones directas para las Islas Canarias y la Unión Europea.

El verdadero significado de este cable submarino de Marruecos a Canarias reside en su función como instrumento de colonización, camuflado bajo la narrativa de un avance digital. La respuesta de la Unión Europea y la comunidad internacional será crucial para evitar que esta infraestructura se convierta en un precedente que valide la anexión de territorios por la fuerza, comprometiendo los principios fundamentales del Derecho Internacional y los derechos de los pueblos ocupados.