Las brechas del sistema que permiten casos como el de Montoro 

El reciente caso del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la actividad de su consultora, Equipo Económico, no es una anécdota, sino el síntoma de una enfermedad crónica que afecta a la salud de nuestra democracia: la "captura del Estado". Es el fenómeno por el cual los intereses privados de una élite económica y política se anteponen al interés general, utilizando las propias estructuras del Estado para su beneficio. Y esto es posible gracias a una serie de brechas, lagunas y debilidades en nuestro sistema legal que, lejos de ser corregidas, se perpetúan legislatura tras legislatura.

La historia es conocida: un alto cargo, tras años en la cima del poder tomando decisiones que afectan a sectores estratégicos, abandona su puesto y, al poco tiempo, reaparece en el sector privado, a menudo en una empresa directamente afectada por esas mismas decisiones. Es la clásica "puerta giratoria". Pero el caso de Montoro, como desvela una investigación de la Fundación Civio, ilustra una versión aún más sofisticada de esta práctica, una que se mueve en los límites de la legalidad, pero que cruza de lleno las fronteras de la ética.

El 'síndrome de la puerta giratoria, una ley con más agujeros que queso

La principal barrera contra el trasvase de influencias es la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Su principal herramienta es un periodo de "enfriamiento" de dos años, durante el cual un ex alto cargo no puede trabajar para empresas privadas que se hayan visto beneficiadas por las decisiones que tomó. Sobre el papel, parece una salvaguarda razonable. En la práctica, es un colador.

En primer lugar, dos años es un periodo manifiestamente insuficiente para que la red de contactos, la información privilegiada y la capacidad de influencia de un exministro como Montoro se desvanezcan. Pero la brecha más importante es la facilidad con la que se puede sortear esta limitación.

El caso de Montoro es un manual de instrucciones: fundó su consultora antes de ser ministro, se desvinculó formalmente de ella durante su mandato mientras sus antiguos socios la gestionaban, y tras dejar el cargo, esperó pacientemente los dos años de rigor para volver a la empresa que él mismo había creado. Durante ese tiempo, su firma fichó a numerosos altos cargos que habían estado a sus órdenes en el Ministerio.

Legalmente, no hay nada que objetar. Éticamente, el mecanismo es evidente: se crea una estructura privada que se nutre de la experiencia y los contactos adquiridos en el sector público. La ley solo prohíbe el fichaje directo, pero no impide que un ex alto cargo se beneficie de una estructura que ha sido regada con el conocimiento y las relaciones forjadas con dinero público.

Lobbies sin control y un vigilante sin poder son las herramientas que fallan

Para que la captura del Estado sea efectiva, se necesitan dos condiciones adicionales que en España se cumplen a la perfección: la opacidad de los grupos de interés y la debilidad de los órganos de control.

España sigue siendo una anomalía en Europa por su falta de un registro de lobbies obligatorio, transparente y eficaz. A diferencia de otros países, aquí no es obligatorio que los grupos de presión se registren ni que declaren con qué cargos se reúnen, qué presupuesto manejan o qué normativas buscan influir. Esta opacidad convierte el proceso de elaboración de las leyes en una caja negra, impidiendo a la ciudadanía saber quién está influyendo realmente en las decisiones que le afectan.

El organismo encargado de vigilar las puertas giratorias, la Oficina de Conflictos de Intereses (OIC), es la otra pieza que falla. Dependiente del Gobierno de turno, con escasos recursos y sin una verdadera capacidad sancionadora, su labor es a menudo testimonial. Sus resoluciones no siempre se hacen públicas y rara vez han impedido el salto de un alto cargo al sector privado, limitándose a emitir autorizaciones que, en la práctica, blanquean la situación.

Cuando lo público trabaja para lo privado

Esta combinación de leyes laxas, opacidad y control débil tiene consecuencias directas y muy graves para la democracia.

• Erosión de la confianza ciudadana: La percepción de que las reglas no son iguales para todos y de que la política es un trampolín para el enriquecimiento personal genera una profunda desafección y socava la confianza en las instituciones.
• Normativas a medida de los poderosos: Cuando la influencia de los lobbies no es transparente, el riesgo de que las leyes se diseñen para beneficiar a grandes corporaciones en detrimento del interés general (consumidores, medio ambiente, trabajadores) se dispara.
• Devaluación del servicio público: Se pervierte el sentido del servicio público, que deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en una inversión a futuro, una forma de acumular un capital relacional que luego se monetizará en el sector privado.

La sociedad civil, a través de organizaciones como Civio, lo tiene claro. La solución para no volver a tropezar con la misma piedra que en el caso Montoro, pasa por una reforma ambiciosa: ampliar el periodo de incompatibilidad a un mínimo de cinco años, crear un registro de lobbies verdaderamente transparente y dotar a la OIC de independencia, recursos y poder sancionador. Solo así se podrá empezar a cerrar unas brechas que, hoy por hoy, permiten que el Estado sea capturado a plena luz del día.