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La propuesta de la Comisión Europea (CE) para modificar el pacto agrícola comercial con Marruecos y extender sus beneficios a los productos del Sáhara Occidental ha generado un fuerte rechazo entre las principales organizaciones agrarias españolas. La medida busca dar respuesta a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que anuló en 2021 los acuerdos agrícola y pesquero firmados en 2019 entre Bruselas y Rabat, al considerar que no contaban con el consentimiento del pueblo saharaui.
El punto crítico radica en que Bruselas quiere incluir en el trato preferencial las frutas y hortalizas cultivadas en la excolonia española, lo que, según los agricultores, amenaza con alterar profundamente la rentabilidad de cultivos clave en Almería y Murcia, como el tomate cherry —con más de 1,64 millones de toneladas producidas en 2024— y el melón, con una producción de 591.334 toneladas.
Un impacto directo sobre agricultores españoles
Las organizaciones agrarias temen que dicha apertura al mercado provoque un desplazamiento de cultivos dentro de España. José María Castilla, responsable de la oficina de Asaja en Bruselas, advirtió que si el tomate cherry y el melón dejan de ser rentables, muchos productores podrían apostar por alternativas como el pimiento o el calabacín. El problema, según advierte, es que el pacto agrícola generaría una sobreoferta en el mercado, empujando los precios a la baja y afectando al conjunto del sector hortícola.
Castilla reclama a la Comisión que retire la propuesta y pide a los Estados miembros que no la aprueben. Al mismo tiempo, insiste en la necesidad de un etiquetado claro que permita distinguir los productos del Sáhara Occidental de los marroquíes, señalando que lo contrario supondría un “vacío legal”.
Desde la Unión de Uniones, su coordinador estatal Luis Cortés amplió las críticas y alertó de que la medida golpeará a todas aquellas frutas y hortalizas que requieren mano de obra intensiva, como melón, calabacines o pepinillos. Cortés destacó la enorme diferencia en costes laborales y fitosanitarios entre España y Marruecos, donde las regulaciones son más flexibles y la mano de obra cuesta la mitad.
El factor político y los plazos ajustados en el pacto agrícola
La modificación del pacto agrícola comercial se mueve en un calendario muy ajustado. Olof Gill, portavoz de Comercio de la Comisión Europea, subrayó que los Estados miembros deberán pronunciarse sobre la propuesta antes del 4 de octubre para permitir su firma y aplicación provisional. Posteriormente, el debate se trasladará al Parlamento Europeo en las próximas semanas.
En España, el ministro de Agricultura Luis Planas se mostró favorable al pacto agrícola, calificándolo como “positivo”, siempre que los servicios jurídicos de la CE y del Consejo avalen la medida. Esta postura contrasta con la firme oposición de las organizaciones profesionales agrarias, que consideran que el Ejecutivo está dejando desprotegido a un sector clave en la economía nacional.
El experto Fernando Moraleda, director de la Oficina Alimentaria de LLYC y exsecretario general de Agricultura y Alimentación, ve difícil modificar la propuesta del pacto agrícola si cuenta con el respaldo de los servicios jurídicos del Consejo Europeo. Según Moraleda, Marruecos es un socio estratégico para la UE y España, no solo en materia económica, sino también en asuntos de seguridad y estabilidad regional.
El consultor recordó que empresas españolas ya invierten de forma creciente en la agricultura marroquí y citó al tomate como ejemplo de esta expansión. A su juicio, Bruselas busca dar estabilidad a las relaciones comerciales en un sector especialmente sensible, en un contexto de competencia global en el que el capital agrícola se desplaza hacia las zonas productivas más competitivas.
Exportaciones: un sector estratégico para España
El sector hortofrutícola español no solo es vital a nivel interno, sino también en el plano internacional. Según datos del Ministerio de Agricultura, las exportaciones de frutas (cítricos, frutos rojos, fruta de hueso, melones, sandías y frutos secos) alcanzaron los 10.885,14 millones de euros, mientras que en hortalizas y legumbres la cifra fue de 9.192,88 millones. En paralelo, las carnes y derivados sumaron 10.307,67 millones, situando al hortofrutícola como el líder indiscutible en las exportaciones agroalimentarias.
Hoy, el temor de organizaciones como Asaja y Unión de Uniones es que la entrada de productos saharauis con beneficios arancelarios genere distorsiones en el mercado interior, comprometiendo la posición de liderazgo español en Europa y reduciendo los márgenes de los agricultores.
El trasfondo político del conflicto
La polémica también reabre un debate más profundo. Para Luis Cortés, con esta propuesta la Comisión Europea “se burla” de la sentencia del TJUE. El dirigente agrario considera que la iniciativa del pacto agrícola saldrá adelante gracias al apoyo de los países del norte de Europa, interesados en abaratar precios, y acusa a España de haber renunciado a su papel histórico de freno a acuerdos perjudiciales para el Sáhara Occidental.
Todo ello refleja el choque entre intereses económicos, geopolíticos y sociales. Mientras Bruselas pretende garantizar la continuidad de su alianza estratégica con Marruecos, el campo español teme quedar arrinconado por una liberalización que favorecería a sus competidores directos y cuestiona si Bruselas, a través del pacto agrícola, está sacrificando agricultores europeos en beneficio de su equilibrio diplomático con Rabat.
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