El 90 % de los ciudadanos apoya que las petroleras paguen por la crisis climática

Consenso ciudadano: el que contamina debe pagar. Es lo que revela una encuesta internacional realizada por Greenpeace y Oxfam Internacional en 13 países diferentes según la cual el 89 % de la población en España respalda la creación de impuestos para que las empresas petroleras de gas, petróleo y carbón paguen por los daños derivados del cambio climático, como tormentas, inundaciones, sequías e incendios forestales.

Los datos españoles, además, superan la media global (81 %) y la europea (77 %), según el estudio demoscópico lo que refleja un acuerdo social poco habitual en cuestiones fiscales y ambientales.

El estudio, realizado entre mayo y junio de 2025 en 13 países entre los que, además de España, están incluidos Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Kenia, Italia, India, México, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, con unas 1200 personas encuestadas en cada uno, muestra que la demanda de responsabilidad climática hacia las petroleras y grandes empresas energéticas trasciende edades, niveles de ingresos y afiliaciones políticas.

Incluso entre votantes de partidos tradicionalmente contrarios a subir impuestos, la mayoría se muestra a favor de estas medidas.

De acuerdo con el informe, estos resultados son coherentes con otras encuestas que señalan que más del 80 % de la población española demanda más políticas climáticas por parte de sus Gobiernos, también con un amplio consenso social.

La ciudadanía pide justicia climática a las petroleras

De este modo, la encuesta reciente de la que nos hacemos eco, ha revelado un dato contundente: el 90 % de los ciudadanos respalda que las empresas petroleras y de combustibles fósiles paguen impuestos por los daños ocasionados al medio ambiente.

Esta postura refleja un cambio en la conciencia social, cada vez más sensibilizada ante las consecuencias del cambio climático y la necesidad de actuar con urgencia.

Empresas petroleras, de gas y carbón han sido señaladas durante años como responsables directas del calentamiento global, al ser los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Hasta ahora, gran parte del coste ambiental ha recaído sobre los gobiernos y los ciudadanos. Sin embargo, la tendencia está cambiando: se exige que quienes contaminan paguen.

¿Qué son los impuestos climáticos?

Los impuestos climáticos o “tarifas por responsabilidad climática” buscan que las compañías que han contribuido al deterioro ambiental asuman parte del coste que supone mitigarlo. Esto incluye la financiación de medidas de adaptación, reconstrucción tras catástrofes naturales o inversión en tecnologías sostenibles.

Este tipo de gravamen no solo tendría un efecto recaudatorio, sino también disuasorio: desincentivar el uso de combustibles fósiles y acelerar la transición energética hacia modelos más sostenibles. La medida también promueve la equidad, al evitar que la ciudadanía siga pagando las consecuencias de prácticas industriales altamente contaminantes.

El cambio hacia una economía más justa y verde

La presión ciudadana puede ser clave para impulsar leyes que obliguen a las grandes empresas a rendir cuentas. De hecho, varios países ya están debatiendo leyes que vinculen el daño climático con la responsabilidad corporativa. Organismos internacionales como la ONU y la UE también están abordando esta posibilidad dentro de sus marcos de acción ambiental.

Además, la medida cuenta con el respaldo de organizaciones ecologistas y activistas que llevan años exigiendo una mayor implicación de petroleras y las grandes corporaciones en la lucha contra el cambio climático. Hacer pagar a los grandes contaminadores no solo es justo desde un punto de vista ético, sino también eficaz como herramienta de transformación estructural.