La reforma de la Constitución y su adaptación a la Convención de Personas con Discapacidad a debate

Gobierno, asociaciones y activistas defienden reformas para que las personas con discapacidad intelectual sean iguales ante la Justicia. De este modo, Servimedia ha organizado un evento online en el marco de la reforma de la Constitución española de 1978 que se tramita en estas semanas desde el Parlamento.

La agencia de noticias reunió a varios representantes de la discapacidad y la justicia entre los que se encuentran el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; el presidente de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT), Torcuato Recover; el presidente de Plena Inclusión España, Santiago López; o la responsable jurídica de esta entidad, Inés de Araoz. Todos ellos coincidieron en reclamar garantías para que las personas con discapacidad intelectual accedan al sistema judicial en igualdad de condiciones.

La reforma de la Constitución a debate

En esta reunión se trataron las reformas legales emprendidas por el Gobierno e impulsadas por organizaciones sociales y personas con discapacidad, respecto a la ilegalización de las esterilizaciones forzadas, la supresión de la incapacitación judicial total y su sustitución por un sistema de apoyos individualizados para la toma de decisiones y la eliminación del término ‘disminuido’ del artículo 49 de la Constitución española.

Según el presidente de Plena Inclusión, las personas con discapacidad intelectual se ven con frecuencia “envueltas en procesos judiciales”, ya sea porque se evalúa su propia capacidad jurídica de obrar, o bien porque “intervienen en ellos como víctimas, testigos o agresores”.

“El problema es que nuestra legislación no es lo suficientemente flexible como para adaptarse a ellas”, y resaltó que el lenguaje supone “la primera barrera con la que se encuentran estas personas”. “Digamos que es una legislación hecha a la medida de la normalidad, signifique eso lo que signifique”, agregó.

López echó en falta mayor formación entre los profesionales jurídicos, entre los que “aún existen prejuicios sobre las personas con discapacidad intelectual” y persiste el uso de “procesos demasiado rígidos”, afirmó.

"Si no entiendo lo que me dicen, me voy a encontrar en una situación mucho más vulnerable y discriminada”, por lo que “la barrera del lenguaje impide en la práctica acceder a los demás derechos”, explicó el presidente de Plena Inclusión. De ahí “la importancia de que la persona con discapacidad comprenda lo que le dicen y de que el resto de los operadores jurídicos entiendan lo que esta persona les quiere comunicar”.

Incorporar la figura del Facilitador judicial

Esta es la propuesta que sostuvo Torcuato Recover, en una de sus intervenciones. Se trata de una posición que en nuestra legislación no existe, pero que con la reforma del Código Civil podría empezar a funcionar, destacó.

En este sentido, desde Plena Inclusión se han enviado enmiendas al anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno con el objetivo de reforzarla.

En concreto, la norma propuesta, que aún debe pasar todo el trámite parlamentario, “habla de introducir los ajustes de procedimiento necesarios", explicó Inés de Araoz, pero “nosotros queremos ser un poco más precisos” y “pedimos que recoja de forma expresa la figura del facilitador".

Araoz explicó a la mesa, que el facilitador debe “realizar un análisis de todas las necesidades particulares que la persona con discapacidad intelectual puede requerir durante el proceso judicial y diseñar los apoyos que se le van a prestar para resolverlo”.

“En algunas ocasiones será él mismo quien se ocupe”, prosiguió, y otras veces se lo encargará a otros profesionales. Esto conlleva la adaptación de documentación a lectura fácil, acompañamiento durante las entrevistas con peritos, apoyo a la policía a la hora de tomar declaración, ofrecer explicaciones a la persona con discapacidad sobre los distintos pasos del procedimiento y las implicaciones que, en función de su desarrollo, se abren para ella, etc.

“En fin, se trata de asegurar que el proceso de comunicación funciona en ambos sentidos”, precisó de Araoz, tras aclarar que “un facilitador no es un defensor judicial”. Ayuda en todo lo que sea necesario, pero tiene que ser neutral.

Por supuesto, “los facilitadores deben poder acceder al proceso judicial en cualquier etapa en que se encuentre”, prosiguió, “con independencia de que la persona con discapacidad intelectual ocupe el rol de víctima, testigo o agresor".

Con los trámites de la reforma, desde Plena Inclusión se promueve la articulación de esta figura. Y que aparezca en las leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal, en la futura ley de Protección a la Infancia contra la violencia y, por supuesto, en la que ya está en marcha referida a la legislación civil y procesal.

Apoyos individuales

En la mesa, se valoró la importancia que la nueva norma traerá para las personas con discapacidad intelectual. Será un punto y final en cuanto a “una figura tan arraigada en el derecho español como es la de la tutela” siendo sustituida por un sistema personalizado de apoyos individuales, adaptados a las necesidades de la persona con discapacidad para que ésta sea quien tome sus propias decisiones.

Así lo explicó Torcuato Recover. Aclaró que “esto no quiere decir que la discapacidad vaya a desaparecer de un día para otro y que estas personas se queden solas a su suerte".

Se trata de ofrecerles los apoyos que en cada caso necesiten, que variarán en función del asunto y de las características individuales de cada persona.

Por su parte, Raquel Navarro se mostró contenta con esta propuesta. Explicó que las personas con discapacidad intelectual tenemos derecho a “tomar nuestras propias decisiones y a llevar las riendas de nuestra vida”.

La circunstancia personal de Raquel fue muy adversa en un punto de su vida. Hemos conocido en esta reunión que fue sometida a un proceso de incapacitación total cuando aún vivía en un centro de menores, y gracias a su esfuerzo y al apoyo de Son Fundació, recuperó gran parte de su capacidad de obrar y ahora vive de forma independiente.

En su intervención Raquel Navarro subrayó que “capacidad tenemos todos, más grande o más pequeña, y un juez en cinco minutos no puede tomar esa decisión. No te conoce”.

Explicó Raquel en esta mesa online que “hay personas que me ayudan a tomar mis decisiones para que no me equivoque, pero decido yo”. “Ahora soy feliz”. En esta línea, se mostró satisfecha con el proceso avanzado de reforma constitucional en referencia a la  ilegalización de las esterilizaciones no consentidas de personas incapacitadas judicialmente, una práctica que afecta de manera muy significativa a niñas y mujeres con discapacidad intelectual.

Paternidad con apoyos

En este sentido, Inés de Araoz, destacó que “el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la paternidad implica que hemos de ser capaces de asegurar que recibirán los apoyos que precisen”. En este sentido Recover, indicó que todos los cambios proyectados en el Código Civil requieren que “estemos a la altura, para que los juzgados sean capaces de ofrecer ese traje a medida” que requieren las personas con discapacidad.

Aplicación de la Convención de Naciones Unidas

El ministro de Justicia, señaló que esta reforma trasversal implica dar cumplimiento a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y se felicitó por que 2020 “puede ser al fin 2006”, año en que se aprobó dicho tratado. “Me siento orgulloso”, destaco Campo.