El abandono se ceba con la salud mental en los trastornos más graves

En un momento en el que la salud mental ha ganado espacio en el debate público a raíz de la pandemia, las personas que conviven con un Trastorno Mental Grave (TMG) – patologías más complejas y discapacitantes – siguen quedando al margen de la conversación sin ocupar el lugar que merecen en la agenda política y social.

Por este motivo, el Congreso de los Diputados y el Senado han acogido intervenciones clave en sus respectivas subcomisiones de Salud Mental para poner en el centro la realidad de cerca de un millón y medio de personas en España que viven con un TMG, enfrentándose a diario al estigma, la exclusión social y la falta de un abordaje asistencial adecuado.

Durante las comparecencias celebradas el 20 y el 26 de mayo, se ha recordado la urgencia de que los TMG sean reconocidos como una prioridad política y social. Se trata de condiciones que no solo afectan a la salud mental, sino que condicionan profundamente todos los aspectos de la vida de quienes las padecen: desde la esperanza de vida — diez años menor que la del resto de la población— hasta la participación en el mundo laboral, donde apenas un 17,7 % de las personas con TMG están empleadas. La exclusión también alcanza al ámbito educativo, con una tasa de abandono temprano del 14,2 % en jóvenes con TMG.

Ausencia de un modelo de atención integral

Más allá de las cifras, las voces que han intervenido – vinculadas a MaravillosaMente, movimiento colaborativo que reúne a profesionales sanitarios, gestores públicos, organizaciones de pacientes y otros actores comprometidos con transformar el modelo de atención a los TMG – han denunciado la falta de un modelo de atención integral que responda de manera efectiva a las múltiples necesidades de estas personas. La atención sanitaria, social, educativa y laboral sigue fragmentada, desigualmente distribuida entre territorios y con recursos claramente insuficientes.

En muchos casos, el sistema, en lugar de facilitar procesos de recuperación, termina por cronificar la situación de vulnerabilidad, incrementando el deterioro funcional y el riesgo de exclusión permanente.

Asimismo, se ha subrayado la necesidad de abordar los TMG desde una perspectiva que integre los determinantes sociales de la salud —como la situación socioeconómica, el género o el entorno geográfico— sin dejar de lado los factores biológicos y genéticos. Y se ha puesto de manifiesto una grave carencia: a día de hoy, España no cuenta con un estudio riguroso que permita conocer con claridad la prevalencia real de los TMG, ni las barreras específicas a las que se enfrentan quienes los padecen. Esta falta de información impide diseñar políticas públicas eficaces y asignar los recursos necesarios para un correcto abordaje.

Un pacto para la salud mental

Las comparecencias también han servido para reclamar que el futuro Pacto de Estado por la Salud Mental incluya de forma explícita y central a los Trastornos Mentales Graves, reconociendo su singularidad y sus necesidades específicas, con partidas presupuestarias finalistas dirigidas a las comunidades autónomas.

Y en el ámbito laboral, se ha reivindicado la necesidad de adaptar el modelo existente en discapacidad para favorecer la reincorporación y participación activa de las personas con TMG en la sociedad. La inclusión sociolaboral no es solo una medida de apoyo, sino un pilar fundamental del proceso de recuperación, que permite a estas personas recuperar autonomía, autoestima y un proyecto de vida propio.

No es posible construir un sistema justo si se deja atrás a quienes más apoyo necesitan. Los TMG no pueden seguir en el olvido, sino que requieren de una respuesta política valiente, basada en datos, en derechos y en humanidad. Por ello, poner a las personas que los padecen y sus cuidadores en el centro no es solo una cuestión de salud pública, sino un imperativo ético.