El Gobierno propone subir un 10 % el sueldo a los funcionarios hasta 2028

El otoño de 2025 se presenta caliente en los despachos del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. Tras meses de especulaciones y con los Presupuestos Generales del Estado en el horizonte, el Ejecutivo ha movido ficha en una de las partidas más sensibles de las cuentas públicas: las retribuciones de los más de tres millones de empleados públicos que sostienen la administración española. Según la información adelantada por Servimedia, el Gobierno ha presentado una oferta formal a los sindicatos que contempla una subida en el sueldo de los funcionarios acumulada del 10 % para el periodo comprendido entre 2025 y 2028.

Esta propuesta marca el inicio de una negociación crucial. No se trata solo de ajustar nóminas, sino de definir el marco de relaciones laborales para los próximos tres años. El Gobierno busca con este pacto plurianual garantizar la "paz social" en la administración y ofrecer certidumbre a los trabajadores, pero los sindicatos miran con lupa la letra pequeña, temerosos de que la inflación vuelva a devorar los incrementos pactados, como ya ocurrió en el ciclo anterior.

Un pacto a largo plazo para blindar las nóminas

La estrategia del Ministerio pasa por evitar la negociación año a año, que suele generar tensiones y depende excesivamente de la coyuntura política del momento (como la aprobación de los techos de gasto). Al proponer un marco 2025-2028, el Gobierno intenta emular el "Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI" que firmó anteriormente.

Aunque el desglose exacto año por año aún está en fase de discusión, la estructura de la oferta de la subida en el sueldo de los funcionarios sigue el modelo híbrido habitual: un porcentaje fijo garantizado y un porcentaje variable. Este último tramo estaría condicionado al cumplimiento de ciertos objetivos económicos, principalmente la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) y el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB).

Con esta fórmula, el Ejecutivo argumenta que los funcionarios participan de la buena marcha de la economía, al tiempo que se protegen parcialmente de una desviación de los precios. Sin embargo, para el Gobierno, este 10 % para la subida en el sueldo de los funcionarios representa un esfuerzo presupuestario titánico que debe encajar con las reglas fiscales europeas, que vuelven a exigir contención en el déficit público.

La batalla por el poder adquisitivo frente al coste de la vida

El núcleo del debate no es el número "10 %", sino lo que ese número permite comprar en el supermercado. Los sindicatos mayoritarios (CSIF, UGT y CCOO) han recibido la propuesta con cautela. Su principal reivindicación histórica es la recuperación del poder adquisitivo perdido. Según sus cálculos, los empleados públicos arrastran una pérdida acumulada de capacidad de compra superior al 20 % desde los recortes de la crisis financiera de 2010 y la posterior escalada inflacionista de 2022-2023.

Para los representantes de los trabajadores, una subida del 10 % en el sueldo de los funcionarios en tres años podría ser aceptable si la inflación se mantiene controlada en el entorno del 2 %. Pero si los precios de la energía, la vivienda o la alimentación vuelven a dispararse, ese 10 % podría quedarse corto, consolidando el empobrecimiento del colectivo. Por ello, en la mesa de negociación se exigirán cláusulas de revisión salarial automáticas y retroactivas, un mecanismo que el Gobierno suele resistirse a conceder para no indexar completamente la economía al IPC.

Más allá del sueldo: jornada de 35 horas y teletrabajo

Aunque el titular es el dinero, la negociación de este nuevo acuerdo va más allá de la nómina. Los sindicatos quieren aprovechar la coyuntura para blindar otros derechos laborales pendientes. La implantación efectiva y real de la jornada de 35 horas semanales en todas las administraciones (estatal, autonómica y local) sigue siendo una asignatura pendiente en muchos territorios, a pesar de los acuerdos previos.

Asimismo, la regulación del teletrabajo y la carrera profesional, así como la eliminación de la tasa de reposición para rejuvenecer unas plantillas cada vez más envejecidas, son monedas de cambio que estarán sobre la mesa. El Gobierno sabe que para que los sindicatos firmen ese 10 % de subida en el sueldo de los funcionarios , probablemente tendrá que ceder en aspectos organizativos que mejoren la calidad de vida del funcionario, compensando así las posibles dudas sobre la suficiencia económica de la oferta.

Las próximas semanas serán decisivas. Si se alcanza un acuerdo, la subida en el sueldo de los funcionarios se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado, enviando un mensaje de estabilidad a Bruselas y a los mercados. Si la negociación encalla, el Gobierno podría optar por aplicar una subida unilateral, pero el coste político de tener a la función pública en contra sería elevado en mitad de la legislatura.