Telefónica prepara un nuevo ERE de hasta 7.000 empleados mientras los sindicatos exigen estabilidad hasta 2030

Telefónica ha trasladado este lunes a los tres sindicatos con mayor peso en sus distintas filiales (UGT, CC OO y Sumados-Fetico) su decisión de iniciar un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE). La compañía justifica este ajuste en “causas objetivas” y lo extiende a un amplio conjunto de sociedades del grupo: Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+.

En esta primera comunicación, la empresa no ha detallado aún cuántos trabajadores se verán afectados. El volumen se concretará en los encuentros previstos para los días 24 y 25 de noviembre, cuando se constituirán las comisiones de negociación. No obstante, fuentes cercanas al proceso sitúan la estimación inicial entre 6.000 y 7.000 empleados, si bien insisten en que la cifra se reducirá sustancialmente conforme avancen las conversaciones.

Una vez que se formen las mesas negociadoras, ambas partes dispondrán de 30 días para pactar tanto el número definitivo de bajas como las condiciones económicas del proceso. Telefónica pretende cerrar el acuerdo antes de que finalice 2025 para poder imputar el coste del ERE al ejercicio contable de ese año.

Los representantes sindicales han exigido que, de forma paralela a este proceso, se activen también las mesas de negociación de todos los convenios colectivos. Consideran imprescindible que estos convenios cuenten con una vigencia mínima hasta 2030, de modo que se alineen con la duración del plan estratégico Transform & Grow, que abarca de 2026 a 2030 y sirve como hoja de ruta para el futuro inmediato de la compañía.

Reivindicaciones de UGT, CC OO y Sumados-Fetico por el ERE de Telefónica

Los tres sindicatos rechazan la posibilidad de obtener acuerdos parciales para cada filial y coinciden en que no apoyarán ningún ERE si no se garantiza la protección de todo el personal que permanezca en la compañía. Esto incluye, según remarcan, asegurar la continuidad de los convenios colectivos durante toda la vigencia del citado plan estratégico.

UGT ha criticado abiertamente los planes de Telefónica, denunciando que una vez más se recurra a la reducción de plantilla como herramienta de reorganización. La organización sindical considera “irrenunciable” que las salidas sean 100% voluntarias, al igual que ocurrió en el proceso de 2024. En aquel ERE, que implicó 3.421 bajas por prejubilaciones y bajas incentivadas, los requisitos de adhesión fueron tener 56 años o más y acumular al menos 15 años de antigüedad, con compensaciones que llegaron hasta el 68 % del salario, según tramos de edad.

CCOO mantiene una posición similar: pide voluntariedad, universalidad y ausencia de exclusiones injustificadas. Además, reclama que las compensaciones económicas sean coherentes con los estándares habituales del grupo y que se ofrezcan itinerarios de salida que encajen con procesos de jubilación ordenados. El sindicato recuerda que el Marco Social pactado recientemente en el grupo marca un precedente que debería servir para unificar criterios.

Sumados-Fetico, tercera fuerza sindical, también rechaza que Telefónica opte repetidamente por medidas que apuntan hacia la salida anticipada de trabajadores de determinadas edades. Subraya que cualquier Expediente de Regulación de Empleo debe venir acompañado de la negociación de los nuevos convenios y que el proceso debe ser “voluntario, universal y no discriminatorio”, ofreciendo condiciones al menos equivalentes a las del ajuste de 2024. Además, demanda a la empresa que presente un plan concreto para la plantilla que continuará en la compañía y que deberá ejecutar el nuevo Plan Estratégico.

Impacto económico del proceso

Telefónica provisionó alrededor de 1.300 millones de euros antes de impuestos para financiar el ERE de 2024, lo que implicó un coste medio estimado de 380.000 euros por empleado. Si se aplicara un esquema similar al contemplado para este nuevo ajuste, el gasto podría alcanzar alrededor de 2.000 millones de euros.

En esta cifra se incluyen también los costes sociales asociados a los despidos, prestaciones por desempleo y cotizaciones hasta la jubilación, que recaen en la empresa gracias a la denominada “cláusula Telefónica”, introducida tras el gran ERE de 2011.

Posición del Gobierno

El Gobierno ha clarificado su postura a través del ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López. El ministro ha señalado que cualquier decisión final respecto al ERE deberá contar con el acuerdo previo de los sindicatos, dejando claro que la validación gubernamental estará supeditada al consenso entre la compañía y los representantes de los trabajadores.