El Consejo de Ministros aprueba solo 3 secciones especializadas en violencia infantil en toda España

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto 422/2025, que establece la creación de tres secciones judiciales especializadas en violencia infantil y la adolescencia en todo el territorio español. La media, sin embargo, deja sin atender a la mayoría de las víctimas de violencia, según advierten las asociaciones expertas en protección de la infancia.

La violencia infantil sigue aumentando en España

En 2023 se registraron 65.382 denuncias por delitos de violencia infantil, en los que las víctimas eran niñas, niños o adolescentes. Esto significa un incremento del 71,2% en comparación con el año 2010.

A esta alarmante cifra se añade que muchos de los casos de violencia infantil ni llegan a ser denunciados, en particular en el contexto de violencia sexual, que suele quedar silenciado. Según Naciones Unidas, una de cada cinco niñas y uno de cada siete niños en el mundo padecen violencia sexual, por lo que los números muestran solo parte de un problema más amplio y complejo.

Las secciones creadas estarán ubicadas en Madrid, Barcelona y Málaga, concentrando así el 10,5% de la población infantil y adolescente de todo el país. La mayoría de las niñas, niños y adolescentes que puedan necesitar apoyo permanecerán excluidos de esta estructura, y sus casos serán instruidos en secciones sin formación ni perspectiva de infancia. Además, cada sección estará provista de una única plaza judicial, sin tener en cuenta las desigualdades demográficas, ya que Madrid tiene más de medio millón de menores de edad mientras que Málaga apenas llega a los 100.000. Ninguna de las secciones prevé, además, que el fiscal esté especializado en esta problemática.

Save the Children critica la falta de ambición

Save the Children califica esta aprobación de insuficiente para dar una respuesta adecuada y con perspectiva infantil frente a las distintas formas de violencia infantil que atraviesan las niñas, los niños y los adolescentes, ya sean malos tratos, violencia sexual o violencia en el entorno digital. Según Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children, “la implantación de estas secciones ha de ser progresiva, pero comenzar con tan solo tres significa quedar muy lejos de dar una respuesta adecuada y de cumplir el espíritu de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI)”, que justo cumple cuatro años.

Save the Children critica que el Real Decreto se haya tramitado sin consulta pública, sin tener en cuenta a las asociaciones y sin llevar aparejada una evaluación adecuada de las cargas de trabajo. Según Perazzo, el ejemplo de los juzgados de violencia de género revela que una implantación más ambiciosa puede llevar aparejada tanto una mayor confianza de las víctimas en el procedimiento como el afloramiento de nuevos casos de violencia, aumentando así el acceso a la justicia de las mujeres, las niñas y los niños.

Además, el modelo Barnahus, puesto en marcha en Tarragona en 2020, ha contribuido a que las denuncias por violencia sexual hacia la infancia se hayan cuadruplicado, demostrando el impacto de un modelo más especializado. Según el Real Decreto, las cargas de trabajo se revisarán el 31 de diciembre de 2026, pero Save the Children advierte de que el análisis debería ser más frecuente y tener en cuenta también el resto de secciones de instrucción, que continuarán tramitando la mayoría de los casos.

La inversión económica y el riesgo de desigualdad

Las cuestiones económicas tampoco están detrás de esta escasez de secciones especializadas para violencia infantil, ya que el propio Ministerio de Justicia destaca que el coste de crear nuevos juzgados se ha reducido en un 78,5%. Esto permitirá a las comunidades autónomas con competencias transferidas ahorrar hasta 300 millones de euros en la próxima década.

Save the Children también pone énfasis en el riesgo de desigualdad que puede surgir si los casos de violencia sexual hacia las niñas llegan a los juzgados de violencia de género, en lugar de a secciones especializadas en infancia, que aplicarían una perspectiva más adecuada y respetuosa de sus particularidades. Según Perazzo, “las niñas muestran una vulnerabilidad muy distinta a la de las mujeres adultas, tanto en el procedimiento como en el relación con el agresor”, por lo que resulta necesario que sean los nuevos juzgados de infancia los que asuman el conocimiento de estos casos, bajo un prisma más especializado y más equitativo.

Save the Children hace así un llamamiento al Gobierno para que muestre una mayor ambición y una más decidida voluntad de dar una respuesta institucional adecuada, justa y protectora a todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia infantil en España.