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La Fundación Cermi Mujeres (FCM), en línea con las Naciones Unidas, ha hecho un llamamiento a los sistemas de salud y a las profesiones sanitarias para que “no coarten, entorpezcan o supriman” los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad y “a cesar en cualquier forma de violencia obstétrica contra este grupo social”.
En este sentido, la FCM recuerda que las mujeres y niñas con discapacidad están más expuestas a ver comprometidos sus derechos sexuales y reproductivos en la atención a la salud y en su relación con las profesiones sanitarias. Según acredita la relatora especial sobre la violencia contra la mujer de Naciones Unidas.
Así consta en el informe sobre el maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, que hace especial especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica.
Esterilización forzada y el aborto forzado
“La esterilización forzada y el aborto forzado constituyen delito y son sendas formas de violencia de género contra la mujer. El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, conocido como el Convenio de Estambul, prohíbe ambas expresamente. Mientras que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y otros tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas las prohíben implícitamente mediante la protección de los derechos humanos reproductivos de las mujeres”, afirma la FCM.
En este sentido, la entidad denuncia que la esterilización forzada y el aborto impuesto son tratamientos médicos que se practican en todo el mundo sin consentimiento informado.
Los realizan profesionales sanitarios por diversas razones, por ejemplo, "aduciendo que redundan en beneficio del denominado interés superior de la mujer o basándose en la creencia de que ciertos grupos de mujeres pertenecientes a grupos minoritarios no son ‘dignas’ de procreación".
Se pone en duda si serán buenas madres
El argumentario de esta profesionales señalan a las mujeres romaníes, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad o las mujeres que viven con el VIH. "Son incapaces de tomar decisiones responsables sobre la anticoncepción, no están en condiciones de ser “buenas madres” o no es aconsejable que tengan descendencia", denuncia esta FCM.
“También están muy extendidas las quiebras en el consentimiento informado cuando se trata de mujeres con discapacidad, sin que la accesibilidad universal a la comunicación y expresión de la voluntad esté garantizada”, lamenta la FCM.
Discriminadas
A su juicio, “las mujeres y las niñas con discapacidad sufren una discriminación basada en múltiples aspectos de su identidad, como el género y la discapacidad. Muy a menudo se las considera asexuales o sexualmente inactivas”.
Por último, la FCM destaca que la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad ha señalado además que “es habitual que se presione a las niñas y las jóvenes con discapacidad para que interrumpan sus embarazos debido a los estereotipos negativos acerca de su capacidad para la crianza de los hijos y por la preocupación eugenésica de que den a luz a un niño con discapacidad”.
Fundación Cermi Mujeres
La Fundación CERMI MUJERES es una organización sin ánimo de lucro. Su objetivo fundamental es favorecer las condiciones para que las mujeres y niñas con discapacidad, así como las mujeres y madres asistentes de personas con discapacidad, puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
La Fundación nació en el año 2014 de la preocupación expresada por gran parte de la sociedad civil organizada en torno a la desigualdad de género. Que también se produce en este sector de la población y ante la necesidad de profundizar en el conocimiento y en la articulación de respuestas a estas situaciones de discriminación.
La Fundación defiende la igualdad efectiva de las mujeres y niñas con discapacidad desde una perspectiva de los derechos humanos. Aplicando el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y haciendo especial hincapié en los principios de no discriminación. También en la igualdad de oportunidades, inclusión en la comunidad, vida independiente y acción positiva y promoviendo a su vez el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres y niñas con discapacidad.
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