La adolescencia en España enfrenta el mayor riesgo de pobreza y exclusión social

Un nuevo y alarmante informe elaborado por la Plataforma de Infancia, una red que agrupa a más de 70 organizaciones dedicadas a la infancia, ha puesto de manifiesto una grave realidad en España: los adolescentes son el grupo con mayor riesgo de pobreza o exclusión social en el país. El documento, titulado "La adolescencia en España: hacia políticas públicas que garanticen sus derechos", advierte de la "invisibilización" de esta etapa vital y la consecuente falta de políticas públicas específicas que aborden sus crecientes necesidades y derechos.

El estudio, basado en el análisis de políticas, datos estadísticos y las voces de adolescentes de la red Cibercorresponsales, ofrece un diagnóstico contundente. El 35,8 % de los jóvenes de entre 13 y 17 años se halla en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. A este dato demoledor se suman otros problemas críticos como el impacto en la salud mental, que afecta a más del 20 % de los adolescentes, y la lacra de la violencia sexual, cuyos casos registrados se producen mayoritariamente en esta franja de edad.

Pobreza, salud mental y exclusión social

El informe subraya que la etapa de la adolescencia sufre una clara desatención al ser frecuentemente agrupada con la infancia o la juventud, sin un enfoque propio que permita diseñar respuestas adecuadas. Esta falta de foco contribuye directamente a la exclusión social que padecen miles de adolescentes. La Plataforma de Infancia alerta sobre la brecha de apoyo público: "A medida que las niñas y niños crecen, las ayudas económicas y los servicios disponibles disminuyen, pese a que los costes más altos de crianza se producen durante la adolescencia".

"El coste medio de criar a un adolescente supera los 800 euros mensuales, pero es justo en esta etapa cuando más se reducen las ayudas. Esto demuestra que el sistema de protección social no está pensado para acompañar a las familias cuando más lo necesitan”, afirmó Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia. La desprotección aumenta la vulnerabilidad de las familias y perpetúa la exclusión social intergeneracional.

Riesgos digitales y necesidad de recursos especializados

Otro de los "grandes retos" que enfrenta la adolescencia se centra en el ámbito digital. El 33 % de los adolescentes presenta un uso problemático de Internet, y lo más preocupante es que casi el 60 % ha sufrido algún tipo de violencia sexual en entornos digitales. La Plataforma enfatiza que estos datos "muestran la necesidad de reforzar la educación afectivo-sexual y la alfabetización digital, así como de garantizar recursos especializados de salud mental y justicia adaptados a esta etapa”. Esta desprotección en el entorno digital es otra forma de exclusión social por la falta de recursos y educación especializada.

En materia de salud mental, el informe insta a reforzar urgentemente la atención psicológica pública y a aumentar la ratio de equipos profesionales especializados en salud mental infantil y adolescente, una de las más bajas de Europa.

Propuestas para revertir el riesgo de pobreza

Para revertir esta tendencia y reducir el riesgo de pobreza, la Plataforma de Infancia lanza una serie de propuestas ambiciosas. La más destacada es la aprobación de una prestación universal por crianza de 200 euros hasta los 18 años. Además, proponen actualizar las cuantías del Complemento de Ayuda para la Infancia y garantizar comedores escolares gratuitos en todos los centros de secundaria para adolescentes en situación de pobreza.

"No se reconoce a la adolescencia como una etapa con necesidades propias, y eso la deja fuera de muchas políticas clave. Necesitamos un cambio de enfoque que tenga en cuenta que las y los adolescentes son sujetos de derechos y que las políticas públicas deben adaptarse a esta etapa”, concluyó Almudena Escorial. La exclusión social en la adolescencia es un reflejo de un sistema que no está adaptado a sus necesidades.

El informe finaliza instando a un compromiso político y social para situar los derechos y el bienestar de la adolescencia en el centro de la agenda pública, garantizando una atención temprana y acompañamiento.