Caso Astapa, la trama de corrupción que sacudió a Estepona

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha comenzado la semana pasada el juicio del denominado caso 'Astapa', sobre la presunta corrupción política y urbanística en la localidad malagueña de Estepona, un procedimiento que se inició en 2007, hace 16 años, y en el que hay 50 acusados, entre ellos el que fuera alcalde de dicho municipio, el exsocialista Antonio Barrientos.

Las cuestiones previas se prolongarán los días 10, 11, 12, 16 y 17 de enero, siempre en sesiones de mañana en la sala número 4 de la Ciudad de la Justicia de Málaga. Las vistas se reanudarán a partir del día 7 de marzo con el inicio de la fase de prueba.

Claves del 'caso Astapa'

El juicio del 'caso Astapa' se divide en diez bloques que abordarán los distintos los asuntos investigados, como son los distintos tipos de convenios; las actuaciones en materia de disciplina urbanística; los depósitos bancarios en Suiza y Andorra; los contratos y concesiones administrativas del Ayuntamiento; y los supuestos pagos y contraprestaciones por concesión de licencias.

Asimismo, también se trata en esos bloques los presuntos cobros de comisiones vinculadas a pagos de deudas; la supuesta financiación irregular de partidos políticos; los incrementos patrimoniales de algunos acusados y, por último, las actuaciones que presuntamente fueron irregulares de técnicos municipales.

Las primeras detenciones se produjeron en junio de 2008, aunque la investigación comenzó antes a raíz de una denuncia presentada por dos ediles del PSOE, formación que gobernaba entonces la localidad junto con el Partido de Estepona (PES). En esta causa, que llegó a tener más de 100 personas imputadas, se han investigado fundamentalmente delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

Para Barrientos, que estuvo seis meses en prisión provisional, la Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente una pena de diez años y nueve meses de prisión, inhabilitación para empleo público por un periodo de 38 años y multa, acusado por los supuestos delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.

Estepona 2008: las detenciones

Los presuntos delitos de los que les acusan tuvieron lugar entre 2003 y 2007 según recoge Efe, pero no se comenzaron a investigar hasta que dos ediles socialistas dieron la voz de alarma y avisaron a la dirección provincial socialista sobre posibles irregularidades. Tras ello, presentaron un escrito junto con numerosas pruebas  ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Pero el caso Astapa no vio la luz pública hasta 2008, cuando se produjeron las primeras detenciones. El entonces alcalde fue detenido junto con otros implicados, como recogió El Mundo. Entre ellos estaban José Flores (jefe del gabinete de la Alcaldía de Estepona y con gran influencia en la toma de decisiones, como informó Diario Sur), Manuel Reina (exconcejal de Economía y Hacienda y del PES) o empresarios como el arquitecto Arturo Cebrián, señaló el Diario de Sevilla. 

¿De qué se acusa a los imputados del caso Astapa?

En los 16 años desde el comienzo de las investigaciones hasta que ha arrancado el juicio, la causa ha llegado a tener más de 100 personas imputadas y los delitos estudiados ha sido, principalmente, los de “cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación”, como recoge la agencia de noticias Europa Press.

La falta de medios, el principal motivo del retraso del caso Astapa

Las operaciones de corrupción dentro del Ayuntamiento de Estepona no se han comenzado a juzgar hasta 2023, lo que supone un periodo de espera de 15 años desde que se produjeron las primeras detenciones y 16 desde que se empezó a investigar. 

Como denunciaba el Tribunal de Justicia andaluz en el acta de enero de 2020, el caso Astapa cuenta con más de 800 tomos “estando un funcionario encargado en exclusiva de su tramitación”. Aunque reconocen que “es indudable que la tramitación de un procedimiento de estas características supone un esfuerzo y dedicación especial de la Juzgadora”, concluyen que esta “va en detrimento de los demás procedimientos y del juzgado en general”. 

Como conclusión, una de las principales críticas que recoge el documento es la falta de personal. “El juzgado tiene una considerable carga de trabajo”, explican para a continuación añadir que “el problema más acuciante es la inestabilidad del funcionariado que impide la formación de un equipo de trabajo capaz de asumir el reparto de tareas que le incumben“.

Desde el poder judicial de Andalucía asumen que es un problema generalizado en los juzgados. “La carencia de medios personales es la principal causa del inadecuado funcionamiento de los órganos judiciales y de este en particular”, sentencian. 

Fuentes: Newtral