El Gobierno quiere reducir desigualdades en la atención a la dependencia entre comunidades

El Gobierno de España ha reconocido que existen “notables diferencias” entre comunidades autónomas en la atención a las personas en situación de dependencia. Según los últimos informes del Imserso, estas desigualdades afectan tanto a los tiempos de espera como a los servicios disponibles, generando situaciones de injusticia entre los ciudadanos dependiendo de dónde vivan. Esta situación preocupa especialmente a colectivos sociales y organizaciones del sector, que llevan años denunciando esta falta de equidad.

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha subrayado la "notable diferencia" que existe en España en relación a la atención a las personas en situación de dependencia en función de la comunidad autónoma en la que residen y admite la necesidad de "revisar" el copago que tienen que afrontar.

Así lo precisó durante su intervención en el diálogo sobre las 'Claves de la futura reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia', que también contó con la participación del presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, Jesús Norberto Fernández; el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno; y la epidemióloga y experta en envejecimiento Victoria Zunzunegui, y que fue moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa.

Diferencias territoriales preocupantes en la atención a la dependencia

El modelo actual, basado en una cogestión entre el Estado y las comunidades, permite cierto margen de autonomía en la aplicación de los servicios, lo que ha derivado en una “geografía desigual” en derechos.

Mientras en algunas regiones el acceso a la ayuda llega en menos de un mes, en otras puede tardar hasta seis meses o más. Además, la variedad en la intensidad de los servicios y la disponibilidad de plazas en residencias o asistencia domiciliaria también difiere notablemente.

El copago del usuario, en revisión

Uno de los aspectos más sensibles del sistema de atención a la dependencia es el copago que deben asumir los usuarios y sus familias. Este copago también varía por comunidad, y en algunos casos puede representar un coste elevado que disuade a las personas de solicitar ayuda o reduce su capacidad de elección.

El Ministerio de Derechos Sociales ha anunciado que está trabajando en una revisión del modelo de financiación, con especial atención al sistema de copago. La intención es lograr un equilibrio más justo, que no penalice a personas en situación de dependencia, quienes tienen rentas bajas o medias, ni suponga una barrera para el acceso efectivo a los servicios. Esta reforma se enmarcaría dentro de un plan más amplio para garantizar que el sistema sea sostenible, equitativo y accesible.

Hacia un modelo más igualitario y centrado en la persona

La nueva estrategia del Gobierno pone el foco en la necesidad de un modelo más homogéneo a nivel nacional, con servicios de calidad y atención a la dependencia garantizados en todas las comunidades. Para ello, se estudia también aumentar la financiación estatal del sistema y mejorar la coordinación entre administraciones públicas.

Además de reducir las desigualdades, se quiere avanzar hacia un sistema más centrado en la persona, donde los apoyos se adapten mejor a las necesidades individuales, ya sea en el entorno familiar, comunitario o institucional. Las organizaciones del Tercer Sector han valorado positivamente esta intención del Ejecutivo, aunque advierten que los cambios deben ser rápidos y con recursos suficientes.