Retrocesos en la memoria histórica y en la salud amenazan los derechos humanos en comunidades autónomas

En algunas comunidades autónomas de España, se está retrocediendo en derechos. Se han derogado leyes de Memoria Democrática y el acceso a la atención primaria ha empeorado en varias regiones.

Un gran retroceso en los derechos humanos de algunas comunidades españolas

En el último año, se ha observado un retroceso significativo en derechos humanos en algunas comunidades autónomas de España. La derogación de la ley de Memoria Democrática en Aragón y las iniciativas similares en otras regiones ponen en peligro el derecho a la verdad y la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Además, el acceso a la atención primaria ha empeorado en once comunidades, con la mayoría de las personas esperando más de dos días para ser atendidas en sus centros de salud, incumpliendo las recomendaciones establecidas.

La derogación o sustitución de las Leyes de Memoria Autonómica en Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura, comparten características similares:

1. Ignoran las graves violaciones de derechos humanos durante el franquismo, evadiendo la responsabilidad del régimen en su comisión.
2. Eliminan registros de víctimas y lugares de memoria democrática, así como programas educativos sobre este período.
3. Niegan las necesidades específicas de las víctimas de crímenes internacionales como desapariciones forzadas o torturas.
4. Recortan financiamiento a asociaciones civiles que han trabajado en la exhumación de víctimas y en acciones legales para buscar justicia.
5. Modifican los procesos de búsqueda, identificación y exhumación de víctimas, sin asumir la responsabilidad estatal.
6. Proponen la creación de comisiones de exhumación sin la participación de organizaciones civiles.

Estas medidas representan un retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos y la memoria histórica en España

La Atención Primaria: El principal problema en España

El acceso a la atención primaria en España está experimentando un preocupante declive. En 2023, solo el 21,4 % de las citas se atendieron en las primeras 24-48 horas, a diferencia del 26,8 % en 2022, incumpliendo así las recomendaciones del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria. Esto significa que el 78,6 % de las personas que necesitaron atención sanitaria tuvieron que esperar más de dos días para ser atendidas en su centro de salud.

En once comunidades autónomas se ha observado un deterioro en el acceso a la atención primaria durante el último año. Destacan Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y La Rioja como las más afectadas. Aunque en algunas regiones se han reducido las listas de espera, como en País Vasco, Región de Murcia, Extremadura, Castilla y León y Canarias, aún hay siete comunidades cuyo acceso sigue por debajo de la media nacional.

La necesidad urgente de un compromiso político

Este panorama refleja la necesidad urgente de un compromiso político para incrementar el gasto y acelerar el acceso a la atención primaria. A lo largo de los años, el gasto público en este sector ha sido insuficiente, lo que se ha visto agravado por la falta de personal sanitario. Es fundamental que las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad trabajen juntos para mejorar esta situación.

Amnistía Internacional insta a no impulsar leyes ni políticas que limiten derechos humanos según la región donde se viva. Además, solicita a las comunidades autónomas garantizar la preservación histórica de la memoria de las violaciones de derechos humanos, así como mejorar la inversión en atención primaria para resolver las demandas no urgentes en un plazo de 24-48 horas.

Por otro lado, pide al Gobierno central que implemente efectivamente la Ley de Memoria Democrática y refuerce el Sistema Nacional de Salud, priorizando la atención primaria.