La ONU denuncia que España sigue incumpliendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad considera que España incumple esta Convención en el caso del ex guardia urbano Vicenç Flores, al que se le denegó el pase a la segunda actividad (tareas de tipo más administrativo) cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social determinó que tenía una incapacidad laboral permanente debido a un accidente sufrido mientras estaba de servicio.

Así se recoge en el informe de seguimiento de dicho grupo de expertos actualizado tras la última información facilitada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), al que ha tenido acceso Servimedia.

Según sus conclusiones, el trabajador es víctima de una discriminación en el empleo debido a su discapacidad sobrevenida.

En 2009, Vicenç Flores sufrió un atropello cuando acudía a atender a una mujer maltratada, accidente que le causó una rotura del pie y dolores de espalda. Meses después y cuando perseguía a un carterista, la lesión del pie se terminó de agravar, y su mutua primero y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) después le decretaron una incapacidad laboral permanente debido a esta discapacidad sobrevenida.

Pese a las distintas y reiteradas sentencias de los tribunales (un juzgado de Barcelona primero, el Superior de Justicia de Cataluña después y también el Supremo), el Ayuntamiento de Barcelona se ha negado a asignarle “tareas modificadas” y tampoco ha proporcionado los ajustes razonables a los que tiene derecho.

En concreto, el Comité concluye que en el caso de Vicenç Flores se vulneraron los artículos 27 (derecho al trabajo), 3 (principios generales), 4 (obligaciones generales) y 5 (igualdad y no discriminación) de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La ONU llama la atención sobre el incumplimiento de derechos de las personas con discapacidad en España

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha vuelto a señalar a España por su incumplimiento sistemático de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el país en 2008. Expertos del organismo afirman que, a pesar de avances legislativos en algunas áreas, aún persisten múltiples violaciones que impiden una verdadera igualdad de oportunidades para este colectivo.

Entre los principales puntos criticados se encuentran la falta de accesibilidad universal, la persistencia de entornos educativos segregados y la ausencia de apoyos adecuados para una vida independiente. También se subraya que muchas personas con discapacidad siguen siendo privadas de su capacidad jurídica, lo que limita gravemente su autonomía en decisiones clave sobre su vida personal, financiera o médica.

Educación segregada y falta de apoyos

Uno de los aspectos que más preocupa al Comité es la continuidad de un sistema educativo que separa a los alumnos con discapacidad del resto de estudiantes. Según los expertos, esta segregación vulnera el derecho a una educación inclusiva, uno de los pilares fundamentales de la Convención. A pesar de los compromisos adquiridos por España, más de 35.000 niños y niñas con discapacidad siguen escolarizados en centros de educación especial, en lugar de ser incluidos en el sistema general con los apoyos necesarios.

Por otro lado, la falta de recursos adecuados en ámbitos como el empleo, el transporte o la vivienda hace que muchas personas con discapacidad no puedan desarrollar una vida autónoma y digna. El Comité ha recordado que los derechos humanos deben garantizarse con políticas activas, no solo con intenciones.

Recomendaciones y necesidad de una reforma real

Los expertos de la ONU han pedido al Gobierno español una reforma profunda de sus leyes y políticas públicas para ajustarse plenamente a los estándares internacionales. Entre sus recomendaciones figuran el cierre progresivo de centros de educación especial, la revisión del Código Civil para eliminar la incapacitación legal y el desarrollo de planes de accesibilidad efectivos.

También se pide una mayor participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, así como campañas de sensibilización que ayuden a eliminar los prejuicios y estigmas aún presentes en la sociedad.

Aunque España ha tomado medidas respecto a los derechos de las personas con discapacidad en los últimos años, los expertos aseguran que no son suficientes para garantizar los derechos plenos de millones de personas con discapacidad que aún enfrentan barreras estructurales, sociales y legales.