Educación destina 40 millones de euros para reforzar el funcionamiento de los centros

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Educación destina 40 millones de euros para reforzar el funcionamiento de los centros educativos.

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El Ministerio de Educación y Formación Profesional

distribuirá 40 millones de euros entre las comunidades autónomas

para reforzar el funcionamiento de los centros educativos.

Concretamente, para ayudar al alumnado más desfavorecido de Primaria,

ESO y Bachillerato, y así contribuir a garantizar su continuidad educativa

en las condiciones de seguridad recomendadas por la crisis de la COVID-19.

Las regiones que más fondos recibirán de este programa 

serán Andalucía recibirá 5,3 millones;

Cataluña 4,5 y Madrid, con 3,7 millones.

La financiación de este programa en el País Vasco

se realizará de conformidad con su régimen de financiación específico.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional distribuirá 40 millones de euros entre las comunidades autónomas para reforzar el funcionamiento de los centros educativos con el alumnado más desfavorecido de Primaria, ESO y Bachillerato, y así contribuir a garantizar su continuidad educativa en las condiciones de seguridad recomendadas por la crisis de la COVID-19.

Educación refuerza el funcionamiento de los centros educativos

En concreto, el Consejo de Ministros aprobó este martes una inversión de 40 millones de euros para el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo, '#PROA+', que se distribuirán entre las Comunidades Autónomas según el número de alumnos escolarizados en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria (50%); el porcentaje de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (20%); la tasa de idoneidad a los 15 años (20%) y la dispersión de la población, en base al censo de población y vivienda 2011 del Instituto Nacional de Estadística (10%).

Así, las regiones que más fondos recibirán del '#PROA+' serán Andalucía recibirá 5,3 millones; Cataluña 4,5 y Madrid, con 3,7 millones. La financiación de este programa en el País Vasco se realizará de conformidad con su régimen de financiación específico.

Fondo de 2.000 millones para Educación

Por otro lado, el pasado 16 de junio, el Gobierno aprobó un Fondo de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas. Puesto que se trata de una transferencia y no de un préstamo, el Gobierno exige como condición a las CCAA que parte de ese fondo se destine a Sanidad (9.000 millones) y a Educación (2.000) para cubrir las necesidades extra que se puedan derivar de la crisis sanitaria.

El Gobierno ha explicado que los 2.000 millones reservados a Educación se abonarán al inicio del curso escolar. El 80% del importe se distribuirá en función de la población de 0-16 años de cada comunidad, y el 20% restante por el número de habitantes de 17 a 24 años, "para cubrir las necesidades de la educación universitaria", tal y como han explicado desde el Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez avanzó en una comparecencia el contenido del real decreto y remarcó que el destino del llamado ‘fondo COVID-19’ sería la Educación pública.

Enmienda a la educación concertada

Finalmente, los 2.000 millones de euros que España invertirá en educación para paliar los efectos del confinamiento y crisis de la COVID-19 también irán a la escuela concertada o, al menos, no tendrán que estar destinados obligatoriamente a la educación pública. Se cumple así lo que aseguraba a principios de mes el Ministerio de Educación cuando decía que el dinero será para el sector, sin adjetivos.

La consecución de este ajuste ha venido de la mano de PSOE, Podemos y ERC, que presentaron ayer una enmienda transaccional en la que matizan el punto del dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el que se excluía a la escuela concertada de las ayudas frente a la COVID-19.

La educación concertada no queda finalmente excluida

Si este dictamen decía en su punto 18.1 que "la totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa", excluyendo por tanto la educación concertada, en la enmienda transaccional se retira la mención a la educación pública de gestión directa. El texto queda así: "La inversión irá destinado a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atiendan a alumnado en situación de vulnerabilidad".

Con esta enmienda se refrenda lo dicho desde el ministerio, que lo importante no es la titularidad del centro educativo sino la población que atiende. El dinero extra debe limitarse a los grupos más vulnerables, y aunque el grueso del colectivo es atendido en la escuela pública, hay un porcentaje menor que acude a centros concertados.

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