España refuerza su lucha contra la pesca ilegal con la nueva Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima

España ha dado un paso adelante en la modernización de su marco jurídico sobre control pesquero con la reciente aprobación de la Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima. Esta normativa busca adaptar el sistema nacional a las exigencias de la Unión Europea y reforzar la posición del país en la lucha contra la pesca ilegal y todas las prácticas pesqueras irregulares.

La ley contra la pesca ilegal introduce mejoras significativas en aspectos como la rendición de cuentas, el refuerzo de las inspecciones y la aplicación de sanciones a quienes incumplan la normativa. Con ello, España aspira a consolidar su papel como referente europeo en la prevención de la entrada de productos de origen ilegal en los mercados comunitarios.

Diversas organizaciones dedicadas a la conservación marina, entre ellas ClientEarth, Ecologistas en Acción, Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, SEO/BirdLife y WWF, han valorado positivamente la nueva ley, considerándola una muestra del compromiso del país con la gobernanza del océano.

Para Ignacio Fresco Vanzini, asesor político de Oceana en Europa, esta legislación “demuestra la voluntad de España de situarse a la vanguardia del control pesquero internacional”. Sin embargo, el experto advierte que todavía quedan aspectos cruciales por resolver, especialmente en lo que respecta a la identificación de los verdaderos propietarios de las embarcaciones.

La falta de transparencia, un punto débil donde se cuela la pesca ilegal

Uno de los principales vacíos señalados por las organizaciones ambientales es la ausencia de una obligación legal de publicar la titularidad real de los barcos pesqueros. Esta información suele quedar oculta tras una red de intermediarios y sociedades pantalla, lo que dificulta rastrear quiénes se benefician realmente de las actividades marítimas.

Según denuncian las entidades firmantes, esta opacidad puede generar un caldo de cultivo propicio para actividades ilícitas como la pesca ilegal, el trabajo forzoso, la captura de especies protegidas e incluso la trata de personas o el tráfico de drogas. El problema, además, no se limita a buques con bandera española, sino que también alcanza a embarcaciones extranjeras en las que empresas o ciudadanos españoles participan como propietarios o inversores.

Las investigaciones más recientes realizadas por Oceana revelan que un 23 % de los buques extracomunitarios, un total de 52 embarcaciones, tienen propiedad española. Muchos de ellos estarían registrados en países con alto riesgo de pesca ilegal, algunos de los cuales funcionan como paraísos fiscales.

Estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia en la cadena de propiedad y gestión de las flotas pesqueras. Sin mecanismos eficaces de control sobre quién está detrás de cada barco, las autoridades pueden encontrar serias dificultades para aplicar sanciones efectivas y evitar que las actividades ilícitas se oculten bajo la apariencia de legalidad.

Transparencia para proteger a los pescadores responsables

Para Clara Burillo, responsable de políticas oceánicas de la Environmental Justice Foundation (EJF), la mayoría de los pescadores españoles “operan de manera responsable y cumplen las normas internacionales”. Por eso, añade, “una mayor transparencia no solo protegería su reputación, sino que también fortalecería su competitividad frente a operadores deshonestos”.

Burillo recuerda que la identificación de los titulares reales es una práctica habitual en otros sectores económicos, y que aplicarla al ámbito pesquero contribuiría a alinear a España con las mejores prácticas internacionales. Además, permitiría a las autoridades distinguir con claridad entre operadores legítimos y quienes se benefician de la falta de controles cometiendo pesca ilegal, cerrando así brechas en la aplicación de la ley.

Ante esta situación, las seis organizaciones firmantes (ClientEarth, Ecologistas en Acción, EJF, Oceana, SEO/BirdLife y WWF) han instado a los miembros del Congreso y del Senado a introducir mejoras en la Ley de Control antes de su implementación definitiva.

En concreto, reclaman que se establezca una obligación explícita de identificar y registrar a los titulares reales de las embarcaciones pesqueras, y que las autoridades cuenten con poderes sancionadores efectivos para actuar contra quienes estén implicados en actividades ilegales. Además, insisten en que esta información debe ser accesible al público, garantizando así un sistema de vigilancia más transparente y confiable.

Una oportunidad para liderar con el ejemplo

Las organizaciones ambientalistas coinciden en que España se encuentra ante una oportunidad decisiva para consolidar su liderazgo mundial en la lucha contra la pesca ilegal. La nueva ley constituye un avance importante, pero su efectividad dependerá de que incorpore medidas de transparencia y rendición de cuentas que impidan el uso de estructuras opacas.

“Si se aprovecha este momento para reforzar la transparencia y el control, España puede convertirse en un ejemplo para otros países”, sostienen las entidades. De lo contrario, advierten, persistirán los riesgos asociados a una industria donde los intereses ocultos continúan siendo un obstáculo para la sostenibilidad de los océanos.