España enfrenta un procedimiento de infracción de la UE por no aplicar correctamente la Directiva del agua potable

La Comisión Europea ha dado un paso importante en la vigilancia del cumplimiento de las normativas medioambientales al iniciar un procedimiento de infracción contra España. La decisión se formaliza con el envío de una carta de emplazamiento, el primer paso en el proceso legal, mediante la cual se insta al país a incorporar correctamente en su legislación nacional la Directiva europea sobre el agua potable, aprobada a finales de 2020.

Junto a España, también han sido señalados Bulgaria, Grecia, Países Bajos y Portugal por el mismo motivo. Todos estos Estados miembros incumplieron el plazo límite del 12 de enero de 2023, fecha hasta la cual debían haber adaptado sus normativas nacionales a la nueva legislación comunitaria sobre el agua destinada al consumo humano.

Una normativa clave con el agua potable que influye directamente en la salud pública y el medioambiente

La Directiva en cuestión tiene como objetivo principal mejorar la calidad del agua potable en toda la Unión Europea, actualizando las exigencias sanitarias para responder a nuevos retos ambientales. Se trata de una pieza fundamental dentro de la estrategia europea para alcanzar una contaminación cero, uno de los grandes objetivos del Pacto Verde Europeo.

Entre las principales novedades de esta legislación se encuentra la inclusión de controles más estrictos sobre nuevos contaminantes que preocupan tanto a la comunidad científica como a la sociedad, como los disruptores endocrinos, sustancias químicas que alteran el sistema hormonal, los microplásticos y otros compuestos emergentes.

La norma también aborda la eficiencia en el uso del recurso, ya que actualmente, en promedio, cerca del 30 % del agua potable se pierde durante su distribución en la UE debido a fugas en las redes de abastecimiento. Esta situación representa un problema ambiental, económico y de sostenibilidad, por lo que la Directiva promueve medidas para mejorar la eficiencia hídrica de los sistemas nacionales.

España: deficiencias en la transposición

En el caso concreto de España, la Comisión Europea ha detectado varias carencias importantes en la forma en que se ha intentado adaptar la Directiva a la legislación nacional. Entre los puntos débiles figura la reducción del ámbito de aplicación de la norma, lo cual implica que no se cubren todos los escenarios o sectores que deberían estar regulados según la legislación europea.

También se identificó la falta de disposiciones específicas para llevar a cabo evaluaciones de riesgo vinculadas al sistema de suministro de agua potable. Estas evaluaciones son clave para anticipar posibles problemas de calidad del agua y garantizar una respuesta rápida y eficaz. Además, se ha señalado la ausencia de un mecanismo para realizar revisiones periódicas del sistema, una herramienta fundamental para garantizar la mejora continua en la gestión del recurso.

Hay dos meses para corregir

Con el envío de la carta de emplazamiento, los países implicados tienen ahora un plazo de dos meses para responder a las observaciones de la Comisión y presentar medidas concretas para subsanar las deficiencias identificadas en el caso del agua potable. Si no ofrecen una respuesta satisfactoria en ese tiempo, el Ejecutivo comunitario podrá emitir un dictamen motivado, que constituye la siguiente fase del procedimiento de infracción y puede culminar en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Este tipo de infracciones con el agua potable no son infrecuentes, pero resultan especialmente significativas cuando afectan a áreas sensibles como la salud pública y el medioambiente. La Comisión reafirma así su papel como garante del cumplimiento normativo dentro de la UE y recuerda a los Estados miembros su responsabilidad de proteger la salud de los ciudadanos y los recursos naturales comunes.