¿Pueden los bosques quemados convertirse en urbanizaciones? Lo que revela la ley anti-incendios sobre la recalificación del suelo

Cada vez que un gran incendio forestal devasta nuestros montes, junto a la impotencia y la rabia, resurge una sospecha tan antigua como persistente: "¿Habrán provocado el fuego para poder construir?". Esta idea, profundamente arraigada en el imaginario colectivo español, asocia las llamas con la especulación urbanística, dibujando la figura de un promotor sin escrúpulos que quema el bosque para levantar una urbanización. Pero, ¿qué hay de cierto en esta creencia? ¿Permite la ley anti-incendios española que un monte quemado se convierta en suelo urbanizable?

La respuesta corta y legal es un "no" rotundo. Desde hace casi dos décadas, España cuenta con una legislación diseñada específicamente para cortar de raíz esta perversa incentiva. Sin embargo, como a menudo ocurre con las leyes, existen matices y excepciones que alimentan el debate y la desconfianza.

La barrera de los 30 años: el candado de la ley anti-incendios o Ley de Montes

El principal escudo legal que protege a los bosques quemados es el artículo 50 de la ley anti-incendios o Ley de Montes. Su redacción, introducida en 2006 y reforzada en años posteriores, es explícita: queda prohibido el cambio de uso forestal de los terrenos incendiados durante un periodo de, al menos, 30 años.

¿Qué significa esto en la práctica? Significa que si un terreno estaba clasificado como "forestal" antes del incendio, debe seguir siéndolo durante las tres décadas siguientes. No se puede recalificar para convertirlo en "urbanizable" y construir en él. El objetivo de esta medida es claro: eliminar cualquier posible beneficio económico derivado de un incendio provocado. Si no se puede construir, desaparece la principal motivación para quemar el monte con fines especulativos.

Esta prohibición es automática y se aplica desde el momento en que se produce el incendio, sin necesidad de ninguna declaración administrativa adicional. Es el cortafuegos legal más importante contra la especulación.

La excepción que confirma la regla y el "interés público de primer orden"

Aquí es donde el debate se vuelve complejo. La misma ley anti-incendios que impone el candado de los 30 años, contempla una única y muy excepcional vía para poder levantar esa prohibición. El cambio de uso de un terreno quemado sí podría autorizarse, antes de que pasen esas tres décadas, cuando concurran "razones imperiosas de interés público de primer orden".

Esta es la puerta trasera que genera toda la controversia. ¿Qué es exactamente una "razón de interés público de primer orden"? La ley anti-incendios no lo define con precisión, dejando un amplio margen a la interpretación. Tendría que ser una causa de una importancia social y económica excepcional, como la construcción de una infraestructura crítica para el Estado (una línea de alta velocidad, una carretera estratégica) o un proyecto de utilidad pública de gran envergadura.

Además, para poder acogerse a esta excepción, se deben cumplir dos condiciones muy estrictas:

1. La declaración de "interés público" debe ser aprobada por una ley anti-incendios a nivel estatal o autonómico. No basta con una simple decisión de un ayuntamiento.
2. Debe contar con el acuerdo de todos los partidos políticos representados en el parlamento correspondiente, o al menos con una mayoría muy cualificada.

En la práctica, la aplicación de esta excepción ha sido extremadamente rara. Los requisitos son tan exigentes que hacen casi inviable que una urbanización privada pueda ser considerada de "interés público de primer orden".

Entonces, ¿por qué persiste la sospecha?

Si la ley es tan clara, ¿por qué la ciudadanía sigue desconfiando? Hay varios factores que alimentan este escepticismo:

• El recuerdo del pasado: Antes de la reforma de 2006, la ley era mucho más laxa, y sí existieron casos de especulación urbanística en zonas quemadas, especialmente en el litoral mediterráneo. Esa memoria colectiva sigue muy presente.
• La complejidad urbanística: A veces, el incendio se produce en terrenos que ya estaban en proceso de ser recalificados o que se encontraban en una zona gris entre lo rústico y lo urbanizable. En estos casos, la situación legal es más confusa y puede generar la percepción de que el fuego "acelera" los trámites.
• La dificultad de la investigación: Demostrar que un incendio fue intencionado para obtener un beneficio urbanístico es extremadamente difícil. El fuego destruye las pruebas y rara vez se encuentra al culpable.

En definitiva, aunque la leyenda urbana del promotor que quema el monte para construir tiene poco recorrido con la ley anti-incendios actual en la mano, la vigilancia ciudadana y el rigor de las administraciones siguen siendo fundamentales. La prohibición de los 30 años es una herramienta poderosa, pero su eficacia depende de que no se abuse de la ambigua excepción del "interés público" y de que se aplique sin fisuras, para que el único futuro posible para un bosque quemado sea, siempre, volver a ser un bosque.