20/08/2025 - 08:30
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El Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley que regula por primera vez en España el derecho al secreto profesional de periodistas y medios de comunicación. Se trata de un desarrollo legislativo largamente esperado que busca garantizar la confidencialidad de las fuentes informativas y consolidar uno de los pilares fundamentales de la democracia: la libertad de prensa.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, destacó que esta iniciativa forma parte del Plan de Acción por la Democracia, una estrategia del Ejecutivo destinada a fortalecer la transparencia, la pluralidad y la independencia informativa.
“Esta normativa blinda un derecho fundamental que protege a quienes informan y contribuye a una mayor calidad del debate público”, subrayó Bolaños, incidiendo en que el texto busca reforzar la confianza ciudadana en los medios y garantizar un flujo de información libre y seguro.
Un marco legal alineado con Europa
El anteproyecto no surge en el vacío. Según el Gobierno, la propuesta está alineada con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Reglamento europeo 2024/1083 sobre libertad de los medios de comunicación, que obliga a los Estados miembros a garantizar una protección efectiva del secreto profesional.
Hasta ahora, España contaba con una protección genérica en la Constitución, pero sin un desarrollo normativo específico. Con esta ley, se busca acabar con ese vacío legal y ofrecer garantías claras tanto para periodistas como para sus fuentes.
Principales garantías de la ley que respalda el secreto profesional
El texto detalla que los profesionales de la información tendrán derecho a no revelar la identidad de sus fuentes ni entregar material que comprometa su confidencialidad. Además, queda prohibida la instalación de programas de vigilancia intrusiva, salvo en situaciones excepcionales, siempre con autorización judicial previa.
Entre los supuestos en los que podría levantarse este derecho se encuentran únicamente los casos en que exista un daño grave e inminente para la vida o integridad de las personas, así como riesgos para la seguridad nacional o el sistema constitucional.
Asimismo, la norma extiende la protección a personas del entorno del periodista que puedan conocer la identidad de las fuentes, estableciendo un control judicial estricto para cualquier actuación que afecte a este derecho.
Limitaciones y mecanismos de control con la ley del secreto profesional
El anteproyecto contempla que la instalación de programas informáticos de vigilancia solo se permitirá en investigaciones sobre delitos graves, con penas superiores a tres o cinco años, y siempre sujeta a revisión periódica por parte de la autoridad judicial.
Por otro lado, se modifican las leyes procesales para que los periodistas puedan invocar expresamente el secreto profesional al comparecer como testigos. Además, se impulsa la creación de mecanismos de autorregulación y códigos de buenas prácticas dentro del sector periodístico, fomentando la corresponsabilidad entre medios y administraciones.
Un paso histórico para la prensa en España
La aprobación de este anteproyecto marca un hito en la protección de la libertad de prensa en España, al desarrollar de forma integral un derecho reconocido en la Constitución desde 1978, pero nunca antes regulado en detalle.
El Gobierno defiende que la ley establece un equilibrio entre la protección del secreto profesional y otros bienes jurídicos esenciales, como la seguridad nacional y la integridad física de las personas.
Con esta iniciativa que respalda el secreto profesional, España se aproxima a los estándares europeos en materia de derechos fundamentales y refuerza el papel del periodismo como garante de la democracia. Ahora, el texto deberá iniciar su tramitación parlamentaria, donde se prevé un amplio debate entre fuerzas políticas y profesionales del sector.
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