10/09/2025 - 19:00
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El Congreso de Argentina protagonizó un hecho histórico al anular el veto presidencial de Javier Milei a la ley de discapacidad que declara la emergencia en estas situaciones y ordena un aumento en los fondos de asistencia. Se trata de la primera vez en 22 años que el Parlamento revierte una decisión de este tipo, lo que marca un fuerte enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Una decisión con amplia mayoría por la ley de discapacidad
El Senado votó con contundencia a favor de la norma: 63 legisladores apoyaron la ley de discapacidad, siete lo hicieron en contra y no se registraron abstenciones. Esta decisión se produjo después de que la Cámara de Diputados, el pasado 20 de agosto, ya hubiera rechazado el veto firmado por Milei el 2 de agosto.
La ley de discapacidad en cuestión había sido originalmente aprobada por el Congreso el 10 de julio, y su objetivo es garantizar recursos adecuados para cubrir las pensiones por discapacidad, reforzar la asistencia social y enfrentar los serios recortes que este sector viene sufriendo desde la instauración del ajuste fiscal del Gobierno.
Según legisladores y organizaciones sociales, los ajustes aplicados por la administración de Milei han tenido un impacto desproporcionado en las personas con discapacidad. Se estima que más de 100.000 beneficiarios sufrieron la cancelación de sus pensiones en las últimas semanas, lo que intensificó la presión política para que el Parlamento mantuviera en pie la nueva legislación.
La senadora nacional Alejandra Vigo, del bloque Unión Federal por Córdoba, calificó de “inhumano” el veto presidencial y argumentó que la norma debía convertirse en ley, no solo en beneficio de las personas con discapacidad, sino como un acto de justicia para toda la sociedad.
Cruce con el oficialismo y críticas internas
Durante el debate parlamentario, varias voces de la oposición vincularon el veto con la política económica de Milei, que sostiene un fuerte programa de austeridad. El presidente justificó su decisión señalando que la medida ponía en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas, que habían cerrado los primeros siete meses del año con un superávit primario equivalente al 1,1 % del PIB.
No obstante, cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso indicaron que el costo fiscal de la ley de discapacidad oscilaría entre 0,28 % y 0,51 % del PIB, un margen significativamente menor al que advirtió el Ejecutivo.
Escándalo de corrupción y tensiones
El debate también se vio atravesado por el escándalo que estalló en agosto a raíz de la filtración de audios que revelaban un supuesto esquema de sobornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En esas grabaciones se mencionaba de forma directa a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, como beneficiaria de presuntas maniobras irregulares vinculadas con la empresa farmacéutica Suizo Argentina.
La Justicia ya inició una investigación, con denuncias penales presentadas contra el propio mandatario, su hermana y otros funcionarios, que derivaron en allanamientos en distintas dependencias. Este trasfondo de sospechas reforzó los cuestionamientos sobre la decisión del Ejecutivo de vetar una ley de discapacidad que busca asistir a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Juliana di Tullio, referente peronista, sostuvo que son precisamente las personas con discapacidad quienes “le están poniendo un freno a este Gobierno y al presidente Javier Milei”. Por su parte, la senadora Guadalupe Tagliaferri, del espacio Propuesta Republicana, recalcó que la discapacidad no puede ser vista como un problema privado sino como una responsabilidad del Estado, y acusó que los recursos para financiar la norma podrían obtenerse de los sobreprecios y sobornos.
Advertencia del Ejecutivo
Lejos de dar un paso atrás, Javier Milei reiteró que buscará llevar la disputa al terreno judicial. El presidente amenazó con invalidar la ley de discapacidad en los tribunales y señaló que, en caso de no poder hacerlo, su Gobierno aplicará recortes en otras áreas para compensar el gasto.
“Si el Congreso planea empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen. Si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar. Y si no los podemos judicializar, recortaremos el gasto en otro lado”, advirtió.
Un precedente en dos décadas
La última vez que el Parlamento argentino logró revertir un veto presidencial fue durante el Gobierno interino de Eduardo Duhalde, el 12 de marzo de 2003. Desde entonces, ninguna norma vetada por el Ejecutivo había logrado imponerse en ambas Cámaras.
La decisión con la ley de discapacidad no solo representa un revés político para Milei, sino que sienta un precedente relevante en la relación entre el Congreso y la Presidencia, en un momento en el que la crisis social y económica aumenta la tensión en Argentina.
El desenlace abre un nuevo capítulo de confrontación institucional que, además de definir el rumbo de las políticas sociales, pondrá a prueba la capacidad del Gobierno de sostener su plan de ajuste en medio de crecientes cuestionamientos políticos y sociales.
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