El último golpe al Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido el auto de un juzgado de Madrid que, este martes, suspendía el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía la licencia urbanística para la exhumación. Sin embargo, existe un condicionante más que complica los planes de Sánchez. Las potestades legalmente atribuidas a un Gobierno en funciones cuestionan que el presidente socialista pueda cumplir algo que podría prolongarse en el tiempo.
Según la ley...
El artículo 101 de la Constitución prevé que “el Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente” y también que “el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno”.
El artículo 21 de la Ley del Gobierno, de 1997, establece que “el Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”.
Y añade que “el presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras o de las Cortes Generales; plantear la cuestión de confianza; proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo”. Tampoco “aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado; presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado”.
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