Las sanciones unilaterales vulneran el derecho al desarrollo de muchas personas

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29/01/2022 - 19:00
Mujer con una niña

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Las sanciones unilaterales que consisten en embargos o restricciones económicas, tienen un impacto negativo en el goce y disfrute pleno de los Derechos Humanos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a la alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, etc. Es por esto, que estas medidas tienden a repercutir sobre las necesidades básicas de la población y, por ende, sobre el disfrute de sus derechos humanos más fundamentales.

El reciente recrudecimiento de las sanciones unilaterales impuestas a personas e instituciones de Rusia y Ucrania por parte del Gobierno de los Estados Unidos y el seguimiento incondicional que de éstas está realizando la Unión Europea, nos empuja a reflexionar.

Y es que, Alena Douhan, una experta independiente nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicita a los Estados que imponen sanciones unilaterales que las levanten o las reduzcan al mínimo, además de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que tengan efectos adversos sobre las garantías fundamentales.

Las sanciones unilaterales son especialmente dañinas para los derechos humanos de las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables

En esencia, todas las sanciones unilaterales se resumen en una idea muy concreta: medidas restrictivas impulsadas por un Gobierno que suponen la prohibición de libre entrada de los sancionados en los Estados sancionadores, que limitan o prohíben la libre comercialización internacional, que restringen la libertad de movimientos financieros y congelan bienes y activos por motivos de trasfondo político-económico, violan gravemente los derechos humanos consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y además son de una utilidad práctica muy limitada.

Varias personas a nivel mundial se ven privadas del derecho al desarrollo -tanto a la mejora económica de sus países como a su propio desarrollo personal- a causa de las medidas coercitivas unilaterales, han declarado expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos.

"Las mujeres, en particular, se ven muy afectadas. Ellas son las que a menudo tienen que ir a buscar el agua potable para sus familias, y cuando las sanciones provocan un descenso de la actividad económica suelen ser las primeras en perder sus empleos y convertirse en el objetivo de los traficantes para su explotación sexual."

"Ya sabemos que las sanciones unilaterales impiden a las poblaciones de los países objeto de estas disfrutar plenamente de sus derechos humanos; y que el impacto es especialmente grave para los grupos vulnerables", dijo Alena Douhan.

"Además de las mujeres y los niños, estos grupos incluyen a los indígenas, las personas con discapacidad, los refugiados, los desplazados internos, los migrantes, las personas que viven en la pobreza, los ancianos, las personas afectadas por enfermedades graves y otras personas que se enfrentan a retos particulares en la sociedad", añadió la experta.

Douhan recordó que los grupos vulnerables son a menudo los que más dependen de la ayuda social o humanitaria, pero que ésta no puede suministrarse, a pesar de las exenciones existentes, por las sanciones.

Los Estados deben aplicar el principio de precaución cuando se adoptan sanciones unilaterales 

De este modo se evitaría cualquier impacto humanitario negativo en todo el ámbito de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. Hay que poner fin al castigo de civiles inocentes.

"La complejidad de la normativa sobre sanciones, junto a la aplicación extraterritorial y las fuertes sanciones, han provocado que las entidades se excedan en el cumplimiento de las sanciones unilaterales por miedo a las consecuencias de las infracciones involuntarias", dijo Douhan.

La experta señaló que debido a esta situación "los bancos se muestran reticentes a financiar la ayuda o tramitar las transacciones para las compras humanitarias, y las empresas de transporte se niegan a gestionar los envíos de bienes humanitarios. En ocasiones, las organizaciones humanitarias han dejado de operar en los países sancionados debido a estas dificultades", explicó.

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